Y llevarlos a las tinieblas. Reaparece el proyecto de ley del Estatuto del periodista, una norma que nos devuelve a los tiempos en los que España era gobernada por un general gallego llamado Francisco Franco, una norma que entre otras cosas pretende decir quién es periodista y quién no. No es una cuestión menor, puesto que para poder ocupar ciertos puestos en los medios de comunicación será obligatorio estar reconocido como tal por el Estado o por aquellas organizaciones a las que el Estado les otorgue la potestad de hacerlo.
Y por supuesto, como ocurría en aquellos años de dictadura, el carné de periodista podrá ser retirado a aquel que no se comporte como un "chico bueno". Parece ser que los propulsores del estatuto de marras quieren copiar la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, derogada en algunos de sus aspectos pero vigente en otros. Cierto es que la conocida como "Ley Fraga" (denominada así por ese otro gallego de nombre Manuel que hoy va de reformista de la derecha y que por aquel entonces era el ministro de Información y Turismo) pudo en su momento ser un avance por eliminar la censura previa, pero contenía otros aspectos que hoy en día supondrían un serio paso atrás para la libertad en una democracia.
Y son precisamente algunos de estos elementos los que están presentes en el Estatuto cuya tramitación parlamentaria lleva varios años congelada y que ahora parece comienza de nuevo a caminar. Uno de ellos es el ya citado reconocimiento oficial como periodista para poder ejercer ciertas funciones. Es posible que tal poder se la vaya a otorgar, como durante la dictadura, a las asociaciones de la prensa. Eso explica que el mismo presidente de la organización de Madrid, Fernando González Urbaneja, quien en 2004 afirmara que el proyecto de Estatuto era un disparate inadmisible por devolvernos al franquismo, (en estos momentos ocupa la presidencia de la Federación de Asociaciones de la Prensa) no lo vea tan mal.
También en aquel entonces se establecían entre las limitaciones a la libertad de expresión faltar a la "verdad" o a la "moral". El Estatuto que quieren imponer desde IU, ERC, PSOE, sindicatos de periodistas, Colegio de Periodistas de Cataluña y alguno más utiliza otras palabras para decir lo mismo. Se sancionarán las faltas deontológicas. Es incluso peor, pues por aquel entonces quien juzgaba y sancionaba eran los tribunales, mientras que ahora pretenden que sea un nuevo órgano no judicial llamado Consejo de la Información Estatal. Además de él existirían otros organismos autonómicos con iguales competencias en sus respectivos ámbitos territoriales.
Ese Estatuto del Periodista que nos puede caer a los españoles (sus víctimas directas serían los profesionales de los medios, pero sus efectos perjudicarían a todos los ciudadanos) puede ser un terrible paso atrás para la libertad. Conjuga lo peor de ese corporativismo profesional, que no es otra cosa que una actualización de los gremios medievales con el control de los medios y, por tanto, de la información y la opinión.