Son muchos los que se han enfadado al hacerse público que la tienda por internet de Zara opera desde Irlanda. Da igual que Inditex haya dado unas explicaciones más o menos creíbles, más bien parecen argumentos presentados para evitar campañas de descrédito, y se haya comprometido a trasladar a España este negocio en 2012. La indignación está servida y leeremos y oiremos muchos argumentos contra esta compañía y, de paso, contra los "malvados" empresarios en general.

Quienes se enfadan con Inditex por operar su negocio de internet desde Irlanda yerran en el objetivo de su ira. Al optar por trabajar desde un país en el que paga impuestos considerablemente más bajos que en España, el grupo de Amancio Ortega y Pablo Isla actúa de una forma lógica. Su función no es arreglar las cuentas públicas que ha destrozado el Gobierno de Zapatero, sino ganar el máximo dinero posible ofreciendo a los consumidores productos que estos decidan comprar. Así, entre otras cosas, consigue mantener en pie una gran cantidad de tiendas que generan muchísimos puestos de trabajo en todo el mundo, sobre todo en España.

Quienes deberían ser objeto del enfado que produce la opción irlandesa de Inditex son los gobernantes españoles. Es su empeño en mantener impuestos altos el que envía al "exilio" a numerosas compañías que buscan reducir costes. Al fin y al cabo, como se ha dicho en más de una ocasión, si existen paraísos fiscales es porque la mayor parte del mundo es un infierno fiscal. Y claro, en todo lo referido a los negocios por internet resulta mucho más fácil que en otros sectores escaparse de dichas calderas de Pedro Botero en materia de impuestos. Por tanto, lo deseable sería que estos últimos se bajaran. No sólo se evitarían fugas como la de Zara, además se atraería a negocios online que preferirían operar desde España en vez de desde lugares como Francia.

Y puestos a indignarse por algo relacionado con la moda y el comercio electrónico, que sea con motivos reales. Por ejemplo, por el hecho mucho más grave de que González-Sinde regale 60.000 euros de los contribuyentes a la diseñadora Amaya Arzuaga para su "plataforma web". Y ahí sí hablamos del dinero que sale de todos y cada uno de los habitantes de España.