Alicia repite el mismo error en que cayeron predecesores suyos en el PPC como Jorge Fernández Díaz, Trias de Bes, Alberto Fernández Díaz o Josep Piqué: el de querer pasar inadvertida en el paisaje. En este caso, cediendo a la propaganda nacionalista que durante décadas viene afirmando que Cataluña es saqueada por el Estado. Con palabras suaves, pero profundamente clasista: Cataluña debe limitar en el tiempo la solidaridad con el resto de España y ha de recibir del Estado al menos la cantidad suficiente para que Cataluña siga en el mismo ranking respecto al resto de comunidades en el que su aportación fiscal al Estado le colocó. Es decir, el reaccionario principio de ordinalidad.
Comete así dos traiciones: una, al principio constitucional de cualquier Estado moderno de lograr que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones en cualquier lugar de su territorio; con la segunda, legitima toda la base argumental del nacionalismo, sobre la que éste pretende conseguir la independencia: el expolio fiscal.
Vamos por partes. Un Estado social y democrático de Derecho como es el español solo puede garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a sus ciudadanos en la medida en que distribuya con afán nivelador la recaudación fiscal. Mal podrían salir de la indigencia los hijos de familias de escasos recursos si estos no tuvieran las mismas oportunidades educativas que los de familias con recursos. Y tal cosa solo se puede conseguir si las familias de mayores rentas aportan más que las menos pudientes. Por eso, no parece justo que las familias acomodadas exijan la misma inversión en sus hijos que lo que aportan fiscalmente. Si así fuera, unas familias disfrutarían de colegios extraordinarios y otras, las más humildes, no tendrían garantizado el derecho a la educación. ¿Cómo exigir por parte de estos padres que ocupen el mismo lugar en el ranking de aportaciones y en el de percepciones? Este y no otro sería el principio de ordinalidad que exige el nacionalismo y que ahora apoya Alicia Sánchez Camacho, si en lugar de aplicarlo a los territorios lo aplicáramos a las familias. Una carga de profundidad contra la progresividad fiscal.
Vuelvo a los objetivos del Estado social y democrático de Derecho. ¿Cómo puede lograr éste sus objetivos si no pone los presupuestos generales al servicio del desarrollo equilibrado del país? Sólo así las regiones menos desarrolladas pueden mejorar y, como resultado, sus ciudadanos acercarse a la renta per cápita de los territorios más desarrollados. No se trata de empobrecer a unos para enriquecer a otros, sino de vertebrar el país para que todos puedan aspirar a un trabajo productivo y una vida digna. Si tal cosa se consiguiese, Cataluña no se habría de obsesionar por reclamar ventajas, pues su balanza comercial respecto a regiones hoy menos desarrolladas tendría mayores oportunidades aún que las que tiene hoy, pues la capacidad de intercambiar bienes y servicios con éstas sería mayor.
Sé por experiencia vital que es difícil en Cataluña mantener el tipo y no dejarse envolver por la presión nacionalista, pero Alicia Sánchez Camacho debería saber algo tan elemental como lo siguiente: el principio de ordinalidad es incompatible con el desarrollo equilibrado de un país, pues ¿cómo solucionar tal egoísmo territorial cuando el Estado haya de invertir grandes presupuestos en infraestructuras extraordinarias, como por ejemplo el corredor del Mediterráneo o el túnel de Gibraltar? Es tan seguro que los territorios afectados se verían beneficiados en el ranking como que tales obras beneficiarían a todo el país.
Es probable, aunque no seguro, que la causa clasista de la reconversión al catalanismo insolidario de Alicia tenga motivos más espurios aún, pero eso será tela de otro artículo.