La Constitución española tiene muchas virtudes y algunos defectos. Uno de ellos es el concepto de "solidaridad" para designar las relaciones económicas entre las diferentes regiones de España. Por razones que deberíamos conocer al dedillo, las élites nacionalistas de las regiones más ricas lo adoptaron con sospechoso ardor. No es casualidad que cada vez con mayor descaro hayan esgrimido tal concepto para acabar precisamente con la solidaridad entre todos los españoles.
El último, Pascual Maragall: la solidaridad con el resto de España ha tener un final. El recién estrenado Estatuto está en ello. El hombre que pretendió un federalismo asimétrico militando en un partido socialista habla transparente. O nos permite ver con claridad lo que el concepto ocultaba. Y es que el error nace del término mismo de solidaridad.
La distribución de la riqueza, el equilibrio entre desiguales a lo largo de la historia se ha pretendido subsanar de múltiples maneras y se le ha denominado de variadas formas. Las más comunes serían la caridad, la solidaridad y la justicia. Las tres vienen de contextos distintos y amparan su legitimidad en fundamentos muy diferentes.
La caridad viene del mundo cristiano, también del musulmán. Es limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados. Nace de la compasión que sentimos por los que sufren y están necesitados de lo más imprescindible sin que adivinemos capacidad u oportunidad para salir por sí mismos de su pobreza.
No hay en la caridad elaboración jurídica ni derecho positivo, sólo sentimientos morales y ninguna obligación legal. El que la recibe espera de la buena voluntad de la propiedad algunas migajas. Y el que la da no tiene más deber que su mala conciencia o la vanidad de sentir agradecimiento. Aunque puede paliar muchos sufrimientos, la caridad suele dar sólo lo que le sobra.
La solidaridad, es por el contrario, ofrecer, dar a los demás lo que a pesar de sernos útil y sin sobrarnos, preferimos compartir con los demás por humanidad. Aquí hay una mayor implicación moral, pero en uno y otro caso, siempre hay un propietario que determina desde sí la acción. En uno y otro caso, el beneficiado depende completamente de la arbitrariedad del benefactor. Si éste no decide ser generoso, nadie le podrá pedir cuentas por ello en la tierra. Si acaso en el cielo, pero para entonces todos calvos.
Sólo el concepto de "justicia" nace y tiene justificación en el derecho positivo, se rige por la razón y busca la equidad a costa incluso de la voluntad y propiedad de quien tiene poder para ejercerlas.
En una sociedad democrática de derecho las relaciones políticas y económicas deberían estar basadas por principio en el concepto de "justicia", nunca en el de "solidaridad" y mucho menos en el de "caridad". Estos dos últimos se deben reservar para la esfera de lo privado, como jugar al golf o dedicar el tiempo libre al cuidado de las mariposas. Mientras tanto, la atención en el hospital, la educación de nuestros niños, la igualdad de oportunidades y la distribución de la riqueza habrían de estar regidas por el concepto de "justicia". Y éste habrá de estar determinado por relaciones democráticas y plasmadas en leyes positivas.
Si así fuera, no nos encontraríamos con esta pandilla de timadores profesionales que van largando como loros que Cataluña está harta de pagar más de lo que recibe. Cataluña no paga nada, sólo lo hacen los contribuyentes particulares obligados por el fisco. Tanto en Cataluña como en Madrid. Y para colmo, los contribuyentes de esta última comunidad aportan más del doble que los contribuyentes con residencia en Cataluña. ¡Ya está bien de engañar a la gente!
No importa, ellos repiten y repiten y repiten y al final repite la comunidad entera: "Cataluña no puede seguir siendo el banco de España ni su espónsor permanente". Están hartos de ser solidarios. ¡Qué les zurzan a los extremeños! Esta justificación inmoral basada en el concepto de solidaridad convierte a unas comunidades en propietarias y a otras en subsidiarias.
Alguien debería explicar en este país por qué se pagan impuestos, quienes tienen la obligación permanente de hacerlo en mayor medida y para qué sirven. Y mientras llega el mago que haga comprender lo obvio, reduzcamos la palabra solidaridad a la esfera privada y exijamos justicia distributiva entre territorios y ciudadanos.
La distribución de la riqueza entre los españoles no ha de tener un final; si acaso, tal distribución habría de extenderse a todas las regiones de la tierra. Una manera sencilla de acabar con los cayucos de todos los mares.