El pasado sábado, un grupo de independentistas catalanes quemó la pantalla gigante instalada por Telecinco en la plaza del Ayuntamiento de Tarrasa para seguir el encuentro que España jugaba contra Sudáfrica en la Copa de Confederaciones. Unas semanas antes, derribaban por cuarta vez la última silueta gigante del Toro de Osborne que aún quedaba en pie en Cataluña. Los dos hechos están dirigidos por un mismo fin: borrar de la realidad cualquier percepción cultural que recuerde o active los sentimientos de pertenencia a España. En ambos casos, los métodos fueron violentos y los llevaron a cabo radicales independentistas.
Idénticos fines con métodos políticos y mediáticos ocurren a diario en el Parlamento de Cataluña, ayuntamientos y Gobierno de la Generalitat, y se transmiten como mantras en los medios públicos de comunicación, como TV3 y Catalunya Radio, además de otros medios privados, como RAC-1, por ejemplo, así como en docenas de páginas web, blogs y otros medios de la globosfera.
Digo idénticos, no similares. Digo en la mayoría de instituciones mediáticas, políticas y educativas, no en algunas y de forma aislada. Para ver la magnitud de esa atmósfera, les pondré un ejemplo meridiano donde todos los partidos del Gobierno, incluido el PSC y la oposición de CiU, se opusieron a condenar los actos vandálicos que habían derribado por cuarta vez consecutiva la silueta del Toro de Osborne instalada en la carretera del Brut, junto a la autopista A-2 de la provincia de Barcelona, cuando el pasado día 10 de junio de 2009 denuncié en sede parlamentaria la dejación del Gobierno y de la Consejería del Interior e insté a preservar y reservar la silueta del Toro de Osborne como patrimonio cultural español (en la línea que el Tribunal Supremo había sentenciado en 1997 declarándole como símbolo de interés estético y cultural de especial protección por haber superado su sentido publicitario y haberse integrado en el paisaje). Vale la pena oír las cortas intervenciones de CiU y el Gobierno del Sr. Montilla, que siguieron a la proposición que instaba al Ejecutivo para ver cómo, a través de la práctica política oficial, reaccionan en contra de cualquier símbolo cultural español, como lo hacen, a través de la violencia, los radicales que derribaron el Toro de Osborne o quemaron la pantalla gigante donde se oyó el himno español empapado con los colores de la selección española de fútbol.
Especialistas como son en manipular sentimientos desde la infancia, los nacionalistas no pueden soportar que otras realidades, como nuestra selección nacional, puedan entusiasmar a gentes cuya alma consideran de su entera propiedad. Allí donde sólo debería de haber deporte y entusiasmo lúdico, se empeñan en emponzoñarlo con políticas partidistas, frentistas y excluyente. Mal asunto en el que tanto empeño ponen algunos responsables de instituciones deportivas tan importantes y de afición tan mestiza, como el irresponsable presidente del Barça, Joan Laporta.
Y lo peor, como los fines de unos coinciden con los de los otros aunque no coincidan en los medios, se relativiza el mal. Y si años ha, el berzas de Arzallus minimizó al entorno juvenil de ETA con aquello de "los chicos de la gasolina", en Cataluña, aquí y ahora, se traduce por "si no hay heridos no actuaremos de oficio para perseguir a los violentos de este tipo de actos". Los Mozos de Escuadra no deberían ser juzgados ni asumir esta mezquina actitud irresponsable de la Consejería del Interior, dirigida por el Sr. Saura. Porque se deberían perseguir, pero sobre todo se deberían prevenir políticamente. En realidad, los actos vandálicos de Tarrasa estaban perfectamente anunciados y las amenazas hechas días antes en páginas web bajo el lema: "Stop al Espanyolisme". Pero no se hizo nada. Un día u otro sucederá lo peor... y para entonces el odio habrá prendido. Aún estamos a tiempo.
Las disculpas para el odio son infinitas para quienes conciben la vida como exclusión. En esta ocasión, Telecinco ha recibido las iras de los catalanistas violentos, no sólo porque ha osado derramar fútbol de la selección nacional española por las calles de Cataluña, sino por haber firmado el pasado mes de junio de 2008 el "Manifiesto por una lengua común". Crimen horrendo que la "Plataforma per la Llengua", organización subvencionadísima y apoyadísima directamente por la Vicepresidencia del Gobierno de la Generalitat, no le ha perdonado. Si leen el enlace, entenderán por qué.
Política oficial catalanista y violencia catalanista independentista: dos métodos, un mismo fin. A esa impostura hay que oponerse.