Ahora que el ruido de la prisión incondicional a Juntroleras y sus compinches ciega el cielo, incidamos en lo importante.
El problema no está en si independencia o no independencia, sino en si legalidad paralela o Estado de Derecho; en si legitimidad supremacista o legalidad democrática; en si exclusión o igualdad; en si ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. El problema no es si independencia o no independencia, sino en si seguirá intacta la estructura de exclusión nacionalista o nos dotaremos de antídotos para librarnos de ella. En una palabra, el problema está en devolver las instituciones democráticas de Cataluña a los ciudadanos, acabar con el secuestro nacionalista y alumbrar una Cataluña posnacionalista. No hemos empezado mal con la prisión a Juntroleras y sus mariachis.
Esto es lo que está en juego con la aplicación del 155 de verdad. Si la aplicación del 155 solo es para pasar el trago y esperar a que escampe, el error será mayúsculo. Porque las elecciones autonómicas del 21 de diciembre no solucionarán nada. Ni mucho ni poco. Tal como está la correlación de fuerzas entre nacionalistas y constitucionalistas, el duelo a muerte con una ley electoral inclinada descaradamente a favor de los nacionalistas no permitirá un vuelco. Y si así fuere, ninguno de los partidos constitucionalistas, comprometidos en un pacto de conveniencia, estaría dispuesto a acabar con la inmersión, a devolver la libertad lingüística a la escuela, a convertir TV3 en una televisión de todos en lengua y contenidos, a acabar con las subvenciones públicas destinadas a promocionar ideologías amigas o a devolver la función de policía judicial a los Mozos de Escuadra. La lealtad hacia todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, la lealtad de los maestros hacia la neutralidad ideológica, la lealtad de los periodistas hacia su profesión no surgirán por sí mismas. A Dios rogando y con el mazo dando.
A pesar de que el 21-D se votará en clave de elecciones generales, donde el constitucionalismo siempre sube, la ley electoral hará casi imposible que éste gane. Para muestra, un botón: en las últimas elecciones, Junts pel Sí sacó 3 diputados más en Gerona (en total 11) que el PP en Barcelona (en total 8), pero con 57.000 votos menos que el PP. (Junts Pel Sí sacó en Gerona 215.000 y el PP en Barcelona 272.000). Es decir, el valor del voto no vale igual en todos los sitios, y el beneficiado siempre es el nacionalismo. En Barcelona y su cinturón industrial, mayoritariamente constitucionalistas, han de votar casi dos personas para conseguir lo mismo que una en Gerona, y casi tres personas para lograr lo que en Lérida consigue una. La conclusión es que si los votos se rigiesen por el principio democrático de un hombre, un voto, los nacionalistas habrían tenido en la última legislatura 64 escaños y los partidos constitucionalistas, 71. Nada de lo que nos ha pasado hubiera tenido lugar.
En realidad, los nacionalistas siempre ganan en escaños, pero nunca en votos. Toda su hegemonía moral y esa supremacía insoportable se basan en una interminable cadena de mentiras y en una ley electoral que les es propicia. Aunque quizás su mayor fuerza esté en el respeto infundado que aún les dispensan los demás españoles. Empezando por el Gobierno.
Es la tercera vez que insisto sobre el mismo error: si el 155 no acaba con el supremacismo en la escuela, en los medios, en los Mozos e impide el uso de los presupuestos públicos destinados a la construcción nacional, en una generación seremos de verdad extranjeros en nuestro país.
PD. Todo lo anterior depende de la política. Menos mal que la aplicación de la ley depende de los tribunales de justicia. Bienvenidos a su casa, Sr. Juntroleras y amiguetes de fechorías. Al fin y al cabo, España es un Estado de derecho, aunque no lo tuvieran en cuenta. Esta noche no se corten, brinden con cava catalán. La Cataluña productiva y leal nos hace felices con caldos tan exquisitos.