Desde que la recuperación de la democracia se acabó confundiendo con el cantonalismo nacionalista, las energías políticas necesarias para gestionar un Estado capaz de generar riqueza y servir a sus ciudadanos se evaporan en debates identitarios más propios de tiempos de la descolonización que de una España democrática dentro de una Europa del bienestar.
Reparen. Cojan cualquier periódico, hagan cuentas y verán, que más de la mayoría de titulares, noticias, controversias o artículos de opinión se originan y agotan en reivindicaciones nacionalistas, agravios comparativos entre comunidades autónomas o entre éstas y el Estado. Mientras tanto, a los problemas que afectan directamente a la vida laboral, sanitaria, educativa etc. se les resta el protagonismo necesario. Por ejemplo, las últimas violaciones a niñas merecerían revisar todo nuestro modelo educativo, mediático, judicial, etc., pero todo se ventilará en cuatro titulares fogosos, y nada se hará.
Reparen que la inmensa mayoría de leyes y propuestas de resolución de los Parlamentos autónomos gastan su acción política en crear sus leyes "propias", en lugar de compaginarlas con las "generales" del Estado y, en casos como Cataluña o el País Vasco, en clara "confrontación" con ellas. Es patético comprobar cómo se derrocha el dinero del contribuyente en promulgar leyes particulares en cada una de las comunidades autónomas que no añaden mayor garantía a los ciudadanos en el mejor de los casos y que, en el peor, le restan derechos o le entorpecen la movilidad. ¿Para qué se necesitan 17 leyes sobre "los perros de asistencia" si de lo que se trata es de que las personas con discapacidad tengan cubiertos sus derechos de perro guía o de asistencia en cualquier lugar de España? ¿Cuánto dinero y energía política cuesta ese sinsentido?
Reparen y comprobarán que buena parte de la energía política gastada en el último capítulo de la financiación nace de desmantelar al Estado en aquello que le es más propio: la recaudación fiscal y su distribución "universal" entre las necesidades de los ciudadanos. Lo cual nos lleva a concluir que la mayoría de las energías gastadas por nuestros políticos y medios que publicitan su trabajo no producen bienestar ni mayores servicios al ciudadano, sino un metalenguaje político eternamente reivindicativo de estructuras organizativas y nacionales, más propio de la descolonización que de un Estado democrático europeo.
Sus consecuencias no pueden ser más funestas. En lugar de vigorizar un Estado como garantía de riqueza y derechos para todos sus ciudadanos, se incentiva la pedagogía de la diferencia territorial y, en su nombre, la legitimación psicológica del egoísmo de unos territorios sobre otros. O lo que es peor, la asunción, por parte de los ciudadanos de un territorio con más recursos económicos, de su mayor legitimidad para beneficiarse de la fiscalidad de todos.
El modelo de financiación que acaban de pactar las comunidades autónomas con el Estado como si España fuera un zoco no sólo es malo porque el sistema que han acordado reparta la aportación a la financiación y al fondo de garantía de los servicios fundamentales en función de la mayor o menor capacidad de chantaje de unas u otras comunidades al Gobierno de turno. Es malo porque arrebata al Estado su responsabilidad fundamental: garantizar el reparto equitativo de la riqueza entre todos los españoles. Ningún ciudadano puede pretender mayores ventajas fiscales por su mayor aportación al fisco. Si paga más impuestos no es para que el Estado le garantice sólo a él un mejor colegio para sus hijos, sino porque sus mayores ganancias han de cooperar a garantizar los servicios de todos los ciudadanos a través del Estado. Como no puede pretender ninguna comunidad recibir asimétricamente más recursos por el mero hecho de generar más riqueza.
Con la creación de este zoco fiscal se está cayendo en dos errores fundamentales: Uno, el Gobierno de turno (en este caso el de Zapatero) compra con mayores e injustas cesiones del presupuesto de todos su estabilidad política particular; y dos, los partidos políticos nacionalistas no negocian con el Gobierno del Estado en función de sus intereses sociales, sino territoriales. El órdago no es ideológico o de apoyos parlamentarios, el órdago apuesta la propia estructura del Estado. La amenaza si no consiguen lo que quieren es romper la baraja. Y eso no es de recibo. Se puede negociar el color de las paredes de un edificio, cambiar los muebles de su interior, incluso modificar tabiques, pero de ninguna manera se pueden tirar paredes maestras o prescindir de los pilares donde se asienta el edificio entero. Y en estas negociaciones, cada vez más, se chantajea con echar abajo los fundamentos del propio Estado. El presidente, Rodríguez Zapatero y los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, deberían priorizar de una vez los intereses generales del Estado frente a sus intereses de partido. No es tan difícil, media docena de pilares fundamentales del Estado deberían estar al resguardo de las políticas nacionalistas: Tribunales de Justicia, Sanidad, Educación, Política Exterior, Terrorismo, Política Territorial y Política Fiscal. O las que así se considere en función de la estabilidad y el bien común.
A la luz de lo que está pasando, ahora entiendo justificada la frase esa que se repite con asiduidad: no tenemos hombres de Estado. Ni mujeres, añadiría yo. ¿O sí?