Durante los últimos seis meses he asistido a la ponencia del proyecto de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals como portavoz de mi grupo parlamentario. Desde el principio me opuse firmemente al apartado 3 del artículo 23 que consagraba al catalán como único idioma institucional de TV3 y Catalunya Radio: "La lengua institucional de todos los catalanes y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales es el catalán."
Ley contra justicia. No hay nada que interpretar; mis cinco compañeros de ponencia de ERC, ICV, PSC, CiU no vieron en ello problema alguno, como si fuera lo más natural del mundo y el PPC no dijo nada hasta que me opuse firmemente a que tal redactado prevaleciera. Era evidente que ese artículo 23 convertía al castellano en una lengua extranjera y al catalán en el único idioma oficial a todos los efectos.
Comprobada la oposición firme de Ciudadanos, el Partido Popular optó por pedir que se retirara el redactado. Nuevamente me opuse. Si se retiraba el artículo y no se hacía mención a la lengua, se aplicarían tanto la Ley de política lingüística como el Estatuto, en especial el artículo 6.1 donde consagra al catalán como la lengua propia de Cataluña e institucionaliza su uso como única lengua. Por defecto, se seguiría obviando al castellano en TV3 y Catalunya Radio como hasta ahora. El Partido Popular de Cataluña, sin embargo, se hizo a un lado para no mancharse en un tema que tanto irrita a sus futuros aliados de Unió Democrática y Convergencia.
Puestas las cosas así, introduje una enmienda al apartado 3, del artículo 23. Su redactado recuperaba la realidad lingüística de Cataluña: "Las lenguas institucionales de todos los catalanes y de toda la actividad relacionada con la producción, la emisión y la difusión de contenidos de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales es el catalán, el castellano y el occitano en el Valle de Arán".
Los demás grupos no la aceptaron, pero no la retiré. Iría al pleno del Parlamento cuando se quisiera aprobar la ley y allí la defendería hasta que el rodillo de los nacionalistas nos pasase por encima, pero al menos haríamos público el abuso. Por lo demás, los demás grupos pactaron y coincidimos todos en llevarla definitivamente a pleno después de años de tramitación, incluido el PPC.
Y de pronto, ¿qué hace el Partido Popular? Llevarla al Consell Consultiu de la Generalitat. ¿Por qué? Han dado muchas razones varios de sus parlamentarios, pero ninguna había sido esgrimida durante las sesiones de las ponencias a excepción de las que había denunciado Ciudadanos. Que si sobrepasa la Constitución (Francesc Vendrell) que si convierte a la lengua catalana en la única lengua oficial de TV3 (Daniel Sirera), que si, que si, que si... pero lo único cierto es que el Partido Popular no podía permitir que Ciudadanos fuera en este terreno más radical.
Los demás grupos han montado en cólera. Joan Ferrán, con toda razón, ha dicho indignado que "es una forma mezquina de hacer política" y la representante de ICV, Dolors Camats, les acusaba de "deslealtad". No estoy de acuerdo con ellos políticamente, pero tienen razón; la política habría de hacerse de otra manera y sus formas habrían de ser más leales y éticas. Pero más allá de esto, habremos de sacar una lección que he visto repetida desde que empezó la legislatura. Un día después de que Ciudadanos hablara por primera vez en el Parlamento en castellano y anunciara que denunciaría la política lingüística de la Generalitat, el PPC de Piqué, el PP que en estos menesteres era tan complaciente con el catalanismo, se vuelve de pronto radical y presenta dos proposiciones de ley de modificación de la ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística sobre el derecho a estudiar en la lengua materna y contra la política de sanciones lingüísticas de la Generalitat.
Era el primer efecto de la presencia de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Como grupo parlamentario no podía presentar esas proposiciones de ley al no llegar a los cinco diputados necesarios, pero su presencia obligaba a los populares a no dejar ese espacio electoral a la intemperie. Hoy por hoy, sin Ciudadanos en el Parlamento, el Partido Popular de Piqué volvería a traicionar a sus electores castellanohablantes.
Desde entonces se ha acusado a Ciudadanos de no hacer labor parlamentaria, pero la realidad es muy otra. Los medios nos han enterrado en el Parlamento y nos vapulean fuera, pero yo sé que nuestra presencia allí está cambiando actitudes y dejando huella. Al tiempo.
