Ayer denunciaba El Mundo la última artimaña del Gobierno de la Generalidad para atraer a sus planes secesionistas cerca de 300.000 inmigrantes marroquíes residentes en Cataluña. El escándalo partía de un documento aprobado el lunes que recogía la posibilidad de introducir la enseñanza de la religión islámica y las lenguas árabes y tamazig en el horario lectivo. ¿Control del islamismo radical? ¿Medidas para integrar a la mayor población inmigrante de Cataluña? A juzgar por las relaciones que hasta la fecha han mantenido responsables del nacionalismo con líderes islámicos radicales para atraer a la causa independentista su gente, no parece que sea este el objetivo.
El escándalo ha inundado las tertulias. No es para menos. Querer garantizar a los inmigrantes marroquíes la enseñanza de su lengua cuando impides la enseñanza del castellano a cientos de miles de niños españoles es de un cinismo intolerable. Tratar de adoctrinarlos en el catalanismo para atraerlos al independentismo, pederastia cultural.
No me explayaré en la evidencia. Prefiero remarcar que estos abusos no son de ayer, ni están improvisados. Como en el caso del fraude fiscal de Pujol, la manipulación y utilización de la inmigración por el nacionalismo es cuestión antigua y sostenida por normas y leyes, aunque hayan pasado desapercibidas para la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, por los aspavientos que ha provocado la denuncia de El Mundo, pareciera que esta argucia la hubieran puesto en marcha ahora, envalentonados por uves y vías catalanas. En ningún caso. Vienen pastoreando a la inmigración desde hace más de tres décadas de forma taimada a través de casas regionales, folklore y muchas subvenciones; y reglamentando el abuso con normas y leyes desde hace más de seis años. Vestigios de ocultación los recogió Libertad Digital en 2008, a partir de la información directa que como diputado de C's pude adquirir al formar parte de la comisión del Pacte Nacional per a la Inmigració del Parlamento de Cataluña. Ni las discusiones, ni las enmiendas, ni las intervenciones en la tribuna del Parlamento ni las denuncias públicas lograron hacer desistir al independentismo (por entonces aún camuflado) de la idea de utilizar a la inmigración como carne de cañón para sus planes secesionistas. Con el apoyo explícito de ERC, ICV-EUiA, PSC y CiU, el apoyo implícito de PP y el rechazo explícito de C's. Una equidistante Montserrat Nebrera, por entonces representante del PP en dicha comisión, obligó a su partido a posicionarse en contra, junto a C's. A la luz ahora de la deriva independentista de Nebrera, no nos ha extrañado su tibia reacción de entonces, como su oportunismo ahora para encabezar la lista de CiU por Sant Just Desvern en las próximas elecciones municipales.
A ese Pacto Nacional por la Inmigración le siguió dos años después (2010) La ley de Acogida. Ahora el pacto se convertía en ley. Nuevamente sería C's quien diera la batalla y denunciase las intenciones xenófobas de esa ley. Así lo recogí el 15 de junio de 2010 en El Mundo, bajo el título de "Acogida Lingüística y exclusión cultural". A nadie fuera de C's pareció importar la nueva legislación. Es una lástima que entonces no tomaran más en serio aquellas advertencias. Ahora nos escandalizamos por el contraste inadmisible entre el trato dispensado a la inmigración y el otorgado a ciudadanos españoles. Más vale tarde que nunca.
Leer esa Ley de Acogida y bucear en aquel Pacto por la Inmigración nos ayuda a comprender las nuevas medidas interesadas del independentismo publicadas ayer por El Mundo. Eso debería alertar al Estado para impedir cualquier iniciativa que trate de suplantarlo en materia tan manipulable. ¿Para cuándo un equipo de juristas, historiadores, especialistas en psicología social y demás ramas del saber capaces de rastrear toda la bazofia legal e intelectual que está generando desde hace años el nacionalismo impunemente?