El 7 de septiembre comenzarán las clases en Cataluña. La prensa ha comenzado a informar de las novedades, dos sobresalen sobre las demás: el adelanto en una semana del curso escolar y la introducción de la educación digital. Ni una sola palabra de las consecuencias que sobre el sistema educativo catalán ha tenido la sentencia del Constitucional. Ni una sola modificación para adecuar el inicio del curso a dicha sentencia. De nadie, ni del Gobierno, ni de la oposición, ni de la propia prensa. Como si no se hubiera producido jamás tal sentencia sobre el Estatuto, o como si no incidiera sobre el modelo educativo de la inmersión sancionado como inconstitucional.

Hay muchas cosas que cambiar en Cataluña. La más urgente, esa mentalidad de "fets consumats" (hechos consumados) que convierten al vicio en costumbre y la costumbre acaba por tomarse como una fatalidad que habrá de asumirse resignadamente para evitar males mayores.

Hace años que la Constitución no se respeta en Cataluña cuando su cumplimiento implica laminar los intereses políticos del catalanismo; hace tiempo que en Cataluña no se cumplen sentencias que corrigen los excesos lingüísticos y culturales del nacionalismo; hace tiempo que los líderes con mentalidad soberanista y los que le bailan el agua, alardean de insumisión ante los "tribunales españoles" e incitan a la población al desacato. Hace tiempo que el Ejecutivo español ha renunciado a hacer cumplir la ley, cuando hacerla cumplir implica poner en riesgo sus pactos de poder con los nacionalistas.

No hay propósito más urgente hoy en Cataluña que sacudirse el fatalismo ante la rebelión institucional. Nadie hay por encima de la ley. Empezando por quienes la representan más que nadie, sus responsables políticos, cuyas vidas, para escarnio, viven de los impuestos del Estado, y sus cargos abalados por él.

Puede que Montilla y los nacionalistas consideren que la escuela es suya, pero padres, profesores y alumnos hemos de resolver que es nuestra. Puede que el catalanismo considere que su ideología ha de prevalecer sobre las leyes constitucionales por el mero hecho de creerse los ungidos por la propiedad étnica de la tierra. Puede. Pero el Estado es Estado precisamente porque está por encima de los intereses ilegales de las partes. En este caso, la sentencia constitucional es Estado, y como tal debe cumplirse. Ya que el Ejecutivo renuncia a hacerla cumplir, cumplámosla padres, profesores y alumnos.

La sentencia del Constitucional ha dejado sentado que el catalán y el castellano son lenguas docentes en Cataluña, que toda la comunidad escolar puede utilizarlas con libertad. Y que ninguna de ellas puede ser exclusiva, ni excluyente. Por tanto, alumnos y profesores, padres y personal no docente pueden utilizar ambas lenguas en sus relaciones internas y externas, en clase y en el patio, ayudarse de libros de texto en ambos idiomas sin que nadie se lo pueda impedir. Si la consejería de Educación del Gobierno de la Generalitat no lo facilita, tomémonos la libertad de hacer del respeto a la ley un acto de valentía y cumplamos padres, alumnos y profesores la sentencia. Que nos denuncien, que nos sancionen. Sólo podrán hacerlo expedientando y sancionado al mismo tiempo al propio Tribunal Constitucional.

Ante la estrategia nacionalista de incumplir la sentencia y la utilización de la escuela como medio para remarcar las diferencias y ocultar lo que nos une, hay un partido, UPyD, que propone devolver las competencias de educación al Estado. Sin miedos, sin complejos, con la normalidad y la legitimidad de un Estado de Derecho donde nada es para siempre si demuestra que no es eficaz o justo. Las competencias autonómicas no son un fin en sí mismas, sino un medio para que las materias que gestionan se hagan con mayor eficacia. En los casos que se demuestre que este principio no se cumple, se busca una alternativa más favorable para mejorar la vida diaria de los ciudadanos. Sin rasgarse las vestiduras, con la legitimidad y la tranquilidad con la que lo propone UPyD.