El periodista del diario El País que desde mayo del 2003 llevó a cabo una campaña de destrucción política y moral del anterior ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, al que apuntaba constantemente como responsable del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles en marzo del 2003, se ha visto obligado a señalar a la figura de un militar que muy bien podría ocupar desde ahora el lugar en que el periodista quería mantener clavado a Trillo. La ocasión ha sido la información sobre el juicio civil celebrado el 24 de enero, con continuación el día 25.
No sé si Trillo saldrá definitivamente o no del cuadro, pero desde luego entra el teniente general Juan Luis Ibarreta, que era jefe del estado mayor conjunto (EMACON) cuando se produjo el accidente. Él fue el encargado de firmar el contrato del avión con la agencia NAMSA de la OTAN. Ibarreta declaró en el juicio que nadie a sus órdenes inspeccionó “físicamente” el avión o la tripulación, pero que la documentación estaba en regla. Y dijo “creer” que, en el momento del despegue del avión desde Zaragoza para dirigirse a Afganistán a recoger de vuelta a casa a los soldados, se hallaba presente un representante de la adjudicataria del vuelo, la empresa Chapman. ¿A quién correspondía, pues, dar el visto bueno a las condiciones de vuelo del avión?
Esta personación del teniente general en el meollo del caso, cuidadosamente dejada de lado por el citado periodista a lo largo de dos años y medio, aclara algunas de las misteriosas alusiones a las responsabilidades militares en el caso, hechas por el ex ministro en su libro “Memorias de entreguerras”. Del contexto de lo escrito por Trillo se deduce una actitud de no dar cara a sus responsabilidades por parte del teniente general Ibarreta. Trillo establece una serie de hechos. Era el estado Mayor Conjunto el “órgano competente para la contratación y seguimiento de los vuelos”. Le costó obtener (“no sin dificultades”) una idea más clara del proceso contractual. También le costó conseguir del EMACON “alguna información sobre las quejas en los vuelos de sostenimiento”. Estas quejas, añadamos, fueron explotadas hasta la saciedad por el mentado periodista, cuando trataba de demostrar negligencia política del responsable de Defensa. Sin embargo, dice el ministro en su libro, “los jefes de Estado Mayor me informaron por escrito que no había llegado a su conocimiento ninguna queja contra los siete vuelos realizados por el Yakovlev-42D” y el EMACON mismo reconoció que hubo quejas, pero sobre materias absolutamente insignificantes que no tenían relación con la seguridad de los vuelos.
No debió quedar satisfecho el ministro con el resultado de su demanda porque añade en sus memorias que “Seguí exigiendo al EMACON… una investigación de la documentación remitida”. Y, oh sorpresa, el teniente general Ibarreta dio cuenta de otros partes e incidencias de los que no había informado previamente.
Quizás sea Ibarreta a quien se refiere Trillo (pp. 37 y 38) cuando dice: “Yo di la cara por los mandos militares en el trágico accidente del Yak-42 en Turquía. Transmití, dándolas por ciertas, las informaciones que me remitían... Creo, sinceramente, que una intervención espontánea de los responsables de la contratación ante la opinión pública, inmediatamente después del accidente, explicando razonadamente su actuación, habría evitado la incomprensible politización de un caso tan doloroso”. Unos hechos que Ibarreta ha tenido que empezar a exponer en el juicio civil de estos días.
Parece también que la ira de un sector de los familiares de las víctimas se ha sobrepuesto a la animadversión que manifestaron melodramáticamente hacia Trillo. Ahora los abogados admiten que el accidente se debió a un conjunto de negligencias (cansancio de la tripulación, su falta de experiencia y adiestramiento), basándose en el informe de la comisión turca de investigación sobre el accidente.
La parsimonia de la información que se le facilitaba al ministro, en contraste con la detallada información de que disponía el citado periódico sobre los aspectos más incriminatorios, aparentemente, del ministro, hacían pensar al personal allegado al gabinete de Trillo que había en el ministerio un “garganta profunda”.
El ex-ministro hace en su libro los reconocimientos pertinentes: “Corresponde al periodista Miguel González del diario El País y Ramón J. Campo del Heraldo de Aragón, seguidos por Iñaki Gabilondo de la Cadena SER, el discutible mérito de haber intentado un día tras otro demostrar que la responsabilidad del accidente se debía a culpa o negligencia del Ministerio de Defensa que yo dirigía” (p. 299).
En otro “negociado”, veremos cómo sale el Congreso de los Diputados después de ésta, que como se recordará llevó a cabo una inaudita “reprobación” del ex ministro, en un acto de autodegradación de su propia dignidad.