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Columna publicada el 01-01-2004
Este 1 de enero, el régimen cubano arriba a su 45 aniversario a remolque de dos eventos relacionados: la certeza de que sólo puede sobrevivirse recurriendo a la fuerza, y su cada vez más clamoroso fracaso en la puja por el levantamiento del embargo. De lo primero da fe el aumento exponencial de la represión en el año que recién finaliza, articulada en torno al crecimiento de la sociedad civil. De lo segundo, que el castrismo apueste a saltarse las sanciones norteamericanas recurriendo a la carnada de las compras al contado.
A los teóricos del Intercambio Persuasivo, que achacan al embargo la permanencia del totalitarismo en Cuba y/o aseguran que su levantamiento es lo último que desea La Habana, deben traerlos desorientados las recientes movidas del régimen. Deben haber sufrido la desautorización de Fidel Castro al viceministro de Relaciones Exteriores, Ángel Dalmau –por sus declaraciones sobre el contenido político de las compras de alimentos a Estados Unidos–, como un golpe de agua en plena duermevela. El imprudente funcionario aseguraba hace pocas semanas que cada compra cubana a los productores estadounidenses tiene como objetivo "derrotar el bloqueo", mientras la dirigencia castrista se apresuraba a desmentirlo, temerosa de que lo evidente cediera demasiado terreno a lo desfachatado.
Aunque no hay que ir tan lejos en los corredores de la estrategia antiembargo para certificar su coherencia. Uno de los tantos documentos firmados por La Habana y entidades exportadoras norteamericanas en 2003, específicamente el Memorando de Entendimiento suscrito con el Buró de Agricultura de Indiana (IFB), demuestra que el susodicho viceministro no se andaba por las ramas: "En respuesta a la iniciativa del IFB de explorar los negocios en el mercado cubano, y su compromiso expresado de liberalizar el comercio y los viajes a Cuba, Alimport ha acordado comprar hasta 15 millones de dólares en bienes agrícolas a los negociantes radicados en Indiana (...) El IFB expresó su compromiso de presionar en el Congreso para abordar el problema de Cuba y derrotar las restricciones existentes para el comercio y los viajes con la isla". A partir de diciembre de 2001, cuando Washington autorizó esta clase de transacciones a los empresarios norteños, el Gobierno de Fidel Castro ha pagado, al contado, centenares de millones de dólares por productos agroalimentarios y ganaderos a Estados Unidos, al tiempo que sus principales socios comerciales continúan esperando –merecidamente– que pague lo que les debe.
Según Deng Xiaoping, "no importa de qué color sea el gato con tal de que cace ratones". El ejemplo chino clarifica lo que a primera vista parece un contrasentido: se trata de enraizar a la clase gobernante controlando la transición desde arriba, instaurando un capitalismo a la pequinesa en el que el turismo, las inversiones y los créditos norteamericanos relancen el remake incesantemente proyectado de la tragicomedia revolucionaria. Para implementar el sistema Deng del cambio sin cambio –adecuándolo al entorno insular, como no podía ser de otra manera– La Habana necesita estabilizar las relaciones con Washington sobre la base de un comercio fluido, redituable, en el que el accidente de los derechos humanos no obstruya la doble vía del intercambio bilateral. El éxito del modelo implantado por Pekín reside, precisamente, en el carácter incondicional de su comercio con Occidente y, especialmente, con Estados Unidos. Es lo que desde hace más de una década, de mil aviesas maneras, pretende la dirigencia cubana: incondicionalidad.

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