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Columna publicada el 21-04-2003
Las declaraciones del canciller cubano, Felipe Pérez Roque, tras la votación en su contra en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, deberían mover a la reflexión a aquellos países que aún aspiran, incluso con la mayor buena fe del mundo, a moderar el castrismo a través del diálogo "constructivo". Según el ministro, el rechazo a la enmienda costarricense –que introducía en el ruedo la última escalada represiva del régimen– "es una señal de reconocimiento de la comunidad internacional al derecho y las razones" que asisten a su gobierno. De lo que se desprende que la aprobación por Naciones Unidas de un texto en el que se pide a Castro que acepte la entrada a la Isla de la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la francesa Christine Chanet, y coopere con su trabajo, es un "espaldarazo" a la dictadura. Al menos así lo interpreta, y hace saber, La Habana.
Con su rechazo a la moción de San José, más la petición arriba mencionada, resulta que la ONU certifica la legalidad de los juicios sumarísimos y las ejecuciones de las últimas semanas en la Antilla Grande: "El rechazo incuestionable, ampliamente mayoritario, a la propuesta norteamericana presentada por Costa Rica (…), es una clara señal de reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de la comunidad internacional (…) al derecho de Cuba a aplicar sus leyes"… así de claro fue el ministro de Exteriores. Es público y notorio que Naciones Unidas sirve para casi nada, pero tamaña desfachatez pone sobre el tapete la desmesura de ese "casi", como anillo al dedo de aquellos Estados delincuentes que manejan la información a su antojo y se valen del menor resquicio brindado por las instituciones internacionales para maquillar sus desempeños. Es el caso del cubano. Si el fusilamiento de tres jóvenes que pretendían escapar del país y las descabelladas penas de cárcel a decenas de periodistas y disidentes pacíficos apenas si arrancan un mohín de disgusto –convenientemente diluido por la prensa gubernamental– a la Comunidad de Naciones, ¿qué puede esperar el pueblo de Cuba? La indefensión como norma. La ley de la selva, o lo que es lo mismo, del "Máximo Líder".
"La disidencia es legítima y auténticamente cubana. Decir que es creada por la Sección de Intereses de EEUU es racista, por cuanto La Habana subestima tanto a su pueblo que no lo cree capaz de luchar por su libertad", ha denunciado en el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso norteamericano el bibliotecario Ramón Humberto Colás. Por ahí van los tiros. La aproximación del régimen al tema es marrullera y anticubana, pues pretende trasladar hacia fuera un problema de adentro, especulando con el antiamericanismo al uso para zafarle el cuerpo a una transición que ya se anuncia inevitable. Es por ello que la posición de gobiernos como el argentino –Duhalde imitó a Castro denunciando la guerra de Irak cuando se le preguntó por su voto en la Comisión de Derechos Humanos–, y de instituciones como Naciones Unidas, resulta tan vergonzosa. Porque lava la cara del castrismo. Porque ensucia la de Cuba.

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