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Columna publicada el 27-06-2004
Si a La Habana le asiste un último rastro de sentido común, es probable que a las recientes excarcelaciones de algunos de los opositores detenidos durante la llamada Primavera Negra de 2003 sigan otras, sobre todo de los enfermos más graves y/o propensos a marcar irreversiblemente al castrismo con una muerte eventual. Así, a Manuel Vázquez Portal, el poeta que consiguiera filtrar al exterior fragmentos de su diario en prisión y que figura entre los excarcelados, le asalta la duda: “Hay algunos disidentes con la salud más deteriorada [que yo]. Estoy pensando en Raúl Rivero, por ejemplo (...) pienso que a Oscar Espinosa Chepe había que liberarlo primero que a mí”.
Pareciera que comienzan a surtir efecto las presiones de Estados Unidos, la Unión Europea y algún que otro gobierno latinoamericano –puntualmente sazonadas por las medidas de la Comisión de Ayuda para una Cuba Libre aprobadas hace pocas semanas por Washington– sobre La Habana, que estaría intentando dar visos de humanidad a una política basada en la supresión del libre albedrío, esto es, de los derechos humanos más elementales. Algo impresentable mientras se continúe encarcelando disidentes, criminalizando la libertad de expresión y asociación, desarbolando los escasos vestigios de independencia económica de que da muestras una sociedad civil destruida, pero concebible para una dirigencia que a ratos se traga el humo de sus propios bluffs.

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