Los sucesos recientes en Honduras, a partir de los cuales fue destituido de su cargo el ex presidente Manuel Zelaya, han desatado toda suerte de críticas y rechazos alrededor del mundo, entre los cuales figura el de Estados Unidos. Craso error político y de visión, porque dichas reacciones parten, por lo general, de una premisa falsa: que en Honduras ha habido un golpe militar y que Zelaya es una inocente víctima del mismo.
En realidad, era el ex presidente Zelaya quien se disponía a propinarle un golpe a la democracia en Honduras, en contubernio con el régimen de Hugo Chávez. La Constitución hondureña establece que una Asamblea Constituyente sólo puede ser convocada mediante un referendo nacional aprobado por el Congreso, y Zelaya pretendía saltarse la norma. La Corte Suprema falló que la consulta que Zelaya intentaba llevar a cabo –con la intromisión del gobierno venezolano y su poderío financiero– era inconstitucional, e instruyó al ejército para que no colaborase en la consumación del delito. Así, al negarse a hacerle el juego al aprendiz de brujo, el comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez Velásquez, fue destituido por Zelaya.
Luego vino el asalto por parte del presidente del recinto donde se acumulaban los pertrechos electorales, enviados desde Venezuela expresamente para la ocasión. Se trataba de darle un golpe a la Constitución hondureña pasando por encima del Congreso, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Electoral y hasta del propio partido del presidente.
Zelaya pretendía, con la implantación a la fuerza de la "encuesta" de marras, y cuando sólo le quedaban cinco meses para entregar el cargo –en Honduras la Carta Magna prohíbe la reelección–, "refundar la nación mediante una Asamblea que cambiara las reglas de juego del sistema político". Comprando y sobornando a diestra y siniestra –como su mentor político ha hecho y hace en Venezuela–, a través de grupos de choque financiados por los petrodólares chavistas y con la inestimable ayuda castrista, experta en manipular a la opinión pública y en crear grupos de presión, se trataba de implantar el "Socialismo del Siglo XXI" en Honduras.
Una democracia funcional es antes que nada, incluso por encima del presidente de turno, un conjunto de reglas e instituciones que garantizan el Estado de Derecho, y que no pueden ser arbitrariamente alteradas. Es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente, ciertamente, pero mucho más lamentable resulta, sin duda, que un presidente intente la destitución a la fuerza del orden constitucional, institucional, legal, que se ha dado un país. Va siendo hora de parar en seco la demolición de las estructuras democráticas en Latinoamérica, proceso llevado a cabo, en la última década, desde la institución presidencial. Ojalá lo consigan los hondureños. Ojalá las democracias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, recapaciten y pidan cuentas al dictador en ciernes.