Quienes dicen que después de la muerte no hay nada, necesitan reflexionar. Si niegan la inmortalidad del alma, al menos han de reconocer la pervivencia de la voluntad del hombre. La ley la protege y asegura su recto cumplimiento. En esto consiste el testamento. El muerto, después de estarlo, sigue más que vivo para que sus bienes se repartan tal y como decidió. Su deseo, su voluntad póstuma, no podrá ser ignorada impunemente. De ahí los complejos, antipáticos y frecuentes litigios entre herederos. Juan XXIII aconsejaba no hacer planes que excediesen de 24 horas. La sabiduría del Pontífice bueno se puede integrar con otra máxima: ¿quieres hacer reír a Dios?: ¡cuéntale tus planes!
Cualquier gobernante en democracia sabe que tiene los días contados y ello le estimula a afanarse cerrilmente en la elaboración de su testamento, pensando que a su muerte política seguirá el cumplimiento total de su voluntad convertida en ley, como si ésta tuviese que ver con la moral y sus dogmas y, por el mero hecho de promulgarse, se hubiese ganado la eternidad. El avaro Hermócrates se nombró a sí mismo heredero de sus bienes, mientras que San Francisco de Asís pidió ser enterrado en donde se ejecutaba a los criminales. No tenía otra cosa que legar a sus hermanos en su testamento espiritual que la pobreza y la paz. El Ministerio de Justicia del Sr. Caamaño sigue la estela de sus predecesores y aporta otras voluntades a sus últimas de ese gran documento nunca terminado de redactar. Su título, Modernización de la justicia, provocará la sonrisa de todo aquél que, seducido por él, obvie la lectura de sus disposiciones y por ende la de los tres legados principales: la nueva oficina judicial, la instrucción de las causas penales por el Ministerio Fiscal y los Consejos Territoriales de Justicia. Diciendo que estas tres decisiones modernizan, los herederos –el pueblo español–, se preparan para lo mejor.
Lo cierto es que no hay quien pueda con los hechos, ni siquiera las palabras. La oficina judicial se dice que hará que todo funcione mucho más deprisa. El 28 de abril de 2010 publiqué en la prensa local un artículo al respecto titulado Mentiras y esperanza. Mis predicciones se han hecho buenas. Cambiar la organización sin incrementar exponencialmente los medios, modificar lo que funciona y no reformar las leyes para disminuir la litigiosidad no pueden operar ningún milagro y no lo hacen. Que pase a la fiscalía (cuyos miembros a título individual son tan independientes como los jueces) la investigación de los delitos, no es para que se hagan mejor las cosas, sino para que la jerarquía del cuerpo triunfe sobre la soledad e independencia constitucional de cada juez. Que el Consejo General del Poder Judicial, uno de los mayores fracasos de la democracia española, multiplique por 17 sus errores –uno por comunidad autónoma–, es cosa contraria a la austeridad y a la independencia. La justicia es el paradigma de la unidad del Estado y por eso los nacionalismos se han cuidado de combatirla –sin éxito, por el momento, en lo que a los jueces se refiere- pero con él en lo atinente a los medios y al control–. ¿De qué sirve la independencia, sin independencia ni suficiencia económica? Ya lo vemos. Unos funcionarios cobraban más que otros por hacer igual trabajo según la comunidad autónoma de destino; en unas los medios están bien, como en el País Vasco –con el dinero de todos los españoles–, y en casi todas las demás qué decir. En Andalucía la última medida fue la de suprimir la propia Consejería de Justicia. Voltaire exige de la canción lo que se podría predicar de todo artículo de prensa: "Finura de ingenio y sentimiento, armonía en la cabeza, no elevarse ni rebajarse demasiado y saber no alargarse". Espero no haber turbado su espíritu.
Mariano Mecerreyes Jiménez es magistrado de lo Social en Cáceres.