Mariano Mecerreyes Jiménez, magistrado de Cáceres.

"¿Es usted partidario de que los terroristas sean quemados vivos en los lugares donde asesinaron a sus víctimas? La inmensa mayoría dirá, diremos, no. ¿Por qué? Como lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad, habrá que decir: depende. Para la inmensa mayoría ello sería un acto salvaje. Pero para quienes hoy el terrorismo es “acción política”, la cuadrilla, “comando”, y los condenados, “presos políticos”, el fundamento de su oposición será distinto: “nuestros héroes merecen un homenaje, no la hoguera”“.

Una cosa es el análisis lógico, la posibilidad de la réplica razonada y otra que las especiotas (las proposiciones extravagantes, las paradojas ridículas) intenten impedir el debate. Cuando el lobo de la fábula decidió comerse a la oveja, primero le dijo que le ensuciaba el agua, cuando esta le explicó que era imposible por estar ella en la parte más baja del río y él en la más alta, el lobo le habló, sin venir a cuento, de sus padres (de la oveja).
 
Al final el lobo se la comió: nunca hubo nada que discutir. La opinión pública puede despistarse cuando maliciosamente el efecto se confunde con la causa (post hoc ergo propter hoc = “como decidí comerte, es que podía comerte”). Un juez de silla (con la ayuda del ojo de halcón) no puede dar por buena la pelota que botó fuera de la pista. No cambiará su decisión el público, ni la prensa deportiva, ni el tenista disconforme.
 
En nuestro estado democrático, los jueces no podemos dejar de aplicar normas que nos parezcan injustas. Pero eso es una cosa y otra bien distinta es que el magistrado no pueda denunciar fundadamente la injusticia de una ley.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido a los jueces el derecho a su libertad de expresión (caso Haes y Gijsels contra Bélgica 24 de febrero de 1999 y caso Wille contra Lichtenstein 16 de septiembre de 1999). Aún en nuestros días el ejercicio de esa libertad -caso del magistrado de familia de Sevilla, Francisco Serrano Castro- , mueve a los discrepantes a impedir el debate mediante la calumnia (“está usted a favor del crimen”, “usted es un criminal”).
 
La opinión pública mal informada no es consciente de que la función constitucional de los jueces no es la de evitar los crímenes, que el juez no está para que una persona no mate a otra, sino para castigar al homicida tal y como diga la ley. Todos tenemos derecho a que la ley sea justa y a que se cambie si no lo es.

Ninguna ley debería permitir que al inocente se le tratase como culpable o que lo que cuente sea de qué se le acuse y no qué haya hecho o que la sanción sea desproporcionada o que se agrave por razón de sexo. Si cualquier inocente puede -legalmente- pasar por este calvario, también él será una víctima. Cuando el 27 de agosto de 1940 el juez Lothar Kreyssig no aceptó aplicar la orden de Hitler de 1 de septiembre de 1939 para matar a los enfermos incurables, el Ministro de Justicia Franz Gürtner le dijo que “si no aceptaba la voluntad del Führer como fuente del derecho no podía seguir siendo juez”.

En una sociedad de hombres y mujeres, profesores y profesoras, alcaldes y alcaldesas, el masculino “maltratador” es excluyente: no admite femenino. Castíguese al culpable y para eso búsquese la verdad y si la ley favorece los abusos: dígase como ha hecho el magistrado de familia Francisco Serrano. A la muerte de Al-Hakam II los juristas defensores de la dictadura de Almanzor señalaron como perniciosos: a ) el debate erudito y b ) el método científico.

No intentemos ahora resucitar dictaduras, busquemos entre todos lo justo, sólo así viviremos realmente en libertad. Ni con cien conejos se puede hacer un caballo, ni con cien sospechas una prueba, dice un refrán inglés; si bien, como le explica el viudo vividor y hedonista Svidrigailov al atormentado Raskolnikov en Crimen y castigo,  “nada hay en este mundo más difícil que la franqueza y nada tan fácil como la adulación”.

Los legisladores han de ser reconocidos cuando aciertan y criticados cuando se equivocan, así progresa la sociedad. Si una ley injusta y severísima sirviese para evitar los crímenes el debate sobre las hogueras seguro que daría más de sí. Escribo esto en defensa de las víctimas, de las que lo son y de las que lo puedan ser".