Conrado Gallardo Correa, magistrado. Presidente del Foro Judicial Independiente.

"En el año 2003 se hace una reforma que introduce una nueva oficina judicial. Desde entonces está pendiente su implantación, habiendo fracasado todos las experiencias piloto intentadas. El actual ministro de Justicia ha prometido llevarla a cabo en su mandato, como una de las cuestiones estrella de la modernización de la Justicia.

Con la expresión “oficina judicial” se hace referencia al conjunto de funcionarios y medios destinados a auxiliar a los jueces en su labor de juzgar. Auxiliar, es decir, al servicio de los jueces e indirectamente al de los ciudadanos al permitir que aquéllos hagan su trabajo, si bien es verdad que entre las tareas de la oficina está el contacto directo con los ciudadanos, pues son los funcionarios quienes los atienden en todas aquéllas actuaciones, muy numerosas, que no requieren la intervención directa e inmediata del juez. Su organización actual es decimonónica e ineficiente, dando lugar un pobre aprovechamiento de los recursos, lo que hace imprescindible su modernización.

Pero la reforma en marcha tiene más sombras que luces. Su efectividad será baja o nula si primero no se resuelve el problema básico, la insuficiencia de jueces. Sin jueces que celebren más juicios y pongan más sentencias, sobra la nueva oficina judicial. No tiene sentido, además, modernizar la estructura del elemento auxiliar y no hacerlo con el elemento auxiliado, porque ello provocará un desfase que impedirá la plena efectividad de la reforma. Ningún plan hay para reformar la anticuada estructura judicial española.

La nueva estructura requiere cambios radicales en los edificios judiciales, sin los cuales no sería eficiente, y sistemas informáticos avanzados que permitan la implantación del expediente digital, todo lo cual a su vez exige una coordinación eficaz legislativa y presupuestaria entre el Ministerio y las CCAA con competencias transferidas. Ninguno de estos aspectos tiene perspectivas de solución a corto o medio plazo. Especialmente preocupantes son las insuficiencias en materia de edificios, obsoletos, dispersos y abarrotados, que hacen inviable la efectiva implantación de la nueva oficina judicial.

La reforma está basada en el principio de separar al juez de su oficina, ignorando el principio básico de que el juez debe tener autoridad suficiente sobre quienes han de auxiliarle para verificar que sus ordenes e instrucciones son cumplidas. El Ministerio alega que se trata de “descargar” al juez de funciones administrativas. Pero más bien se trata de un despojo de funciones que pasan al poder ejecutivo, el cual aumenta de forma relevante la posibilidad de controlar aspectos accesorios, pero importantes, de la función de juzgar.

Por simplificar, el juez dicta su sentencia cuando y como quiera, pero es el poder ejecutivo el que decide cuando se transcribe su decisión, cuando se notifica y cómo se ejecuta. Esta situación no se da en ningún otro ámbito público o privado. ¿O es que acaso alguien entendería que el secretario de Estado, para “descargar”, pudiese tomar decisiones con independencia y sin control del Ministro? ¿Sería lógico que si una orden no es acatada por los funcionarios, el ministro de Justicia tuviera que acudir al de Hacienda para que se cumpliera por depender de él sus funcionarios? ¿Por qué se considera lógico para el poder judicial lo que es ilógico en cualquier otro sitio?

Todo apunta a que la reforma en curso difícilmente va a mejorar la situación de la Justicia. Ahora bien, lo que está haciendo el Gobierno actual es desarrollar una Ley que se aprobó en el año 2.003 bajo el Gobierno del Partido Popular y con uno de los peores Ministros de Justicia, José María Michavila, y sigue apoyada hoy por el Partido Popular. No es un problema ideológico. Toda la clase política coincide en que la independencia del Poder Judicial molesta para gobernar.

Por ello me causó extrañeza que el Magistrado y ex‑vocal del CGPJ José María Requero, que hizo una acertada crítica a la reforma en un programa de radio recientemente emitido, omitiera el papel que el Partido Popular ha tenido y tiene en ella, así como que el CGPJ anterior, del que era miembro como parte de la mayoría conservadora, diera el visto bueno a la reforma en el año 2.003 sin una crítica, que ahora sí le parece procedente, lo que pone de manifiesto la politización e ineficacia de este órgano teóricamente garante de la independencia judicial. Pero de ello hablaremos otro día".