No me siento capaz de imaginar cómo podría batirse el récord de cinismo alcanzado por Hugo Chávez al calificar de "golpe de Estado troglodita" lo que los militares han hecho en Honduras. Pero ¿qué fue, acaso, lo que en 1992 trató de hacer el venezolano (¡vergüenza de semejante adjetivo!) cuanto levantó los cuarteles contra Carlos Andrés Pérez y asaltó el palacio presidencial con la intención no sólo de derrocar al gobierno democráticamente elegido, sino de asesinar al jefe del Estado?
La lógica inversa acuñada por el "socialismo del siglo XXI" no se para en verdades y ha logrado este prodigio del torticerismo que no se había visto antes. Porque los regímenes totalitarios se levantaron de frente a las que ellos mismos llamaban con desprecio "democracias burguesas": era una lucha de opuestos, un modelo como alternativa del otro. Pero ahora de lo que se trata es de intercambiar los papeles, y lo que se pretende es que los golpistas son los verdaderos demócratas y éstos en cambio los monstruos de la violencia.
¿Qué peligro representa esta confusión? Pues nada menos que el de vaciar de contenido a la democracia y hacerla un concepto huero, absurdo y, por lo tanto, desechable. Lo que se tambalea no son ya los regímenes democráticos: es la idea misma de la democracia.
Después de las experiencias de Venezuela, Ecuador y Bolivia, era imposible no darse cuenta de que Zelaya había comenzado, desde el gobierno, a aplicar el manual chavista para dinamitar el orden jurídico-institucional de su país. Un manual que, en realidad, es la versión corregida y aumentada de lo que Fidel Castro planeó hacer en Chile con Salvador Allende, y que topó en su momento con el problema de que, dada la precariedad del triunfo electoral allendista, no fue posible acabar con el equilibrio de poderes, y permanecieron en pie un Congreso y un Tribunal Supremo que se negaron a dar barra libre al proyecto revolucionario del autócrata elegido.
Ahora ese problema se resuelve con una Asamblea Constituyente. ¿Por qué al acceder al poder estos líderes no se concentran en empezar a gobernar, sino que se entregan de inmediato a la tarea de reformular el Estado? Porque para ellos el poder no es algo que se les ha dado: es algo que algún día pueden perder, y es este pensamiento lo que les obsesiona y no les deja vivir.
Un principio fundamental de la democracia es que es al poder judicial a quien corresponde interpretar el sentido de lo que disponen la constitución y las leyes. No otra cosa fue lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral hondureño, cuando determinó que la consulta sobre una Asamblea Constituyente, promovida por el gobierno, era contraria a la ley. Algo que a Zelaya no le importó: actuando como un caudillo y reduciendo su condición presidencial a la de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (y no a la de responsable de la aplicación de las leyes, que es lo que ha de ser el Ejecutivo), dio orden al ejército de preparar la encuesta.
Como éste se negó, la bravata presidencial dispuso la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto. Otro acto arbitrario, contra el cual reaccionó la Corte Suprema ordenando que el general Romero Vásquez fuera repuesto en el cargo.
Al momento en que escribo esto las Fuerzas Armadas han retenido al presidente, cumpliendo, según informan medios como El Heraldo, con una orden judicial. La OEA, la Unión Europea y el mundo entero claman ya golpe de Estado. Habrá que esperar a ver, en efecto, qué actitud adoptan los militares para resolver el asunto en términos auténticamente democráticos, sin ceder a las tentaciones del poder. Ojalá no terminen canonizando a Zelaya, como hizo Pinochet con Allende.
Pero es necesario que la opinión pública sepa quién es quién. Hace unos meses el mundo entero (y el presidente Zapatero a la cabeza) felicitaba a Hugo Chávez por haber ganado una consulta cuya convocatoria le estaba expresamente prohibida por la Constitución (por "su" propia Constitución "Bolivariana"), como advirtieron los obispos venezolanos haciendo ver que "el artículo 345 impide expresamente que una propuesta que no sea aprobada pueda presentarse de nuevo en un mismo período constitucional" (dirán ustedes que no se explican cómo consintió la oposición en esta consulta ilegal. Pues bien: yo tampoco me lo explico).
Por otra parte, en abril de 2002 el nombre de Pedro Carmona pasó a la historia universal de la infamia por "haber dado un golpe" contra el gobierno filántropo de Hugo Chávez. ¡Condena unánime! Nadie parece haber tomado en cuenta que esta acción se produjo después que el régimen chavista secuestró la señal de las televisoras, para que no se viera cómo sus milicianos disparaban a mansalva sobre la enorme masa que protestaba pacíficamente en las calles (de lo que resultaron 19 muertos, entre ellos un ciudadano español).
Al final, sin embargo, las imágenes salieron, y quien las hizo recibió por ellas el premio Rey Juan Carlos de periodismo. Los civiles que lideraban la protesta (Carmona era el presidente de la patronal) asumieron el poder una vez que las Fuerzas Armadas depusieron el gobierno que se había vuelto sanguinario.
¿Por qué, dirán ustedes, estas mismas Fuerzas Armadas devolvieron horas más tarde a Chávez al poder, y por qué el general que anunció su renuncia se desdijo y fue nombrado luego ministro de la Defensa y embajador en Portugal? Otro misterio. En cualquier caso existe un artículo de la Constitución Bolivariana, el 350, que habría que tener presente para juzgar los acontecimientos.
Lo dejo aquí transcrito, por si algún día se ofrece: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos".
Xavier Reyes Matheus.
Director Académico del Foro Carlos Rangel.