Si algo no se le puede negar a Rajoy es su habilidad parlamentaria, y que, en punto a oratoria, es difícil que le salgan contrincantes. Pero aunque afirme con vehemencia que hemos sacado la cabeza del agua, muchos españoles siguen pensando que su futuro se ha ido a hacer gárgaras.
Al tiempo que en el Congreso los líderes políticos trufaban su oratoria de propuestas que nadie sabe si podrán cumplir, en la calle los manifestantes, esta vez con toga y puñetas, en una imagen insólita, sumaban sus voces a las reiteradas protestas de los médicos, los maestros, los autónomos, los parados, los desahuciados de sus casas y otros muchos indignados con el estado de la nación.
El presidente ha dedicado buena parte de su discurso a los logros económicos, poco a la convulsa y desesperada situación social, menos a la corrupción institucional y casi nada a la descomposición territorial.
Seguir obviando la situación política en Cataluña y no tratarla como un grave problema nacional no creo que sea la mejor opción.
La situación de desafío planteada por el Gobierno catalán ha merecido una leve consideración del presidente, que ha vuelto a apelar al dialogo y a la voluntad de llegar a acuerdos. Si hay voluntad, siempre se puede llegar a acuerdos en el marco de la legalidad, ha dicho. Pero ¿y si no la hay?
Si el objetivo es tener un Estado propio, forjar un nuevo sujeto de soberanía con el que crear en el ámbito político un conflicto de legitimidades, dividir a la sociedad, debilitar a la nación y subvertir el orden constitucional, ¿podemos llegar a acuerdos?
Si el Gobierno autonómico catalán da signos constantes de deslealtad institucional y exige una hacienda propia para recaudar los impuestos de todos los catalanes y dedicarlos a la construcción de estructuras de Estado fuera del marco constitucional, ¿dialogamos?
Si se reclama un poder judicial propio, al tiempo que tenemos noticias de que muchos de los máximos representantes del victimismo nacionalista figuran en el top ten de las evasiones fiscales o resultan imputados por el cobro de comisiones millonarias obtenidas por tratos de favor en concesiones administrativas, ¿negociamos antes o después del indulto?
Si se aboga por reconocer el derecho a decidir el futuro del pueblo catalán mediante una consulta ilegal, por aquello de respetar la pluralidad de planteamientos, y mientras dialogamos discretamente nos despojan de la nacionalidad española y de la condición de ciudadanos europeos, con todos los derechos y garantías que hemos conquistado en el último siglo, ¿les tendemos la mano?
Todo un debate sobre las cuestiones que agrietan la nación.
Advierte el presidente que la soberanía reside en el pueblo español y que nadie puede saltar por encima del orden constitucional. El Gobierno catalán lo ha hecho y a día de hoy seguimos sin noticias del recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de soberanía con la que pretende abrir brecha en la estructura territorial y nacional. En el estado de la nación, Cataluña es el no problema, cuando debería ser una prioridad.