Espías, delincuentes y empresarios

Espías, espiados y delincuentes entre los empresarios españoles en Cuba

Según el diario El País, la Comisión Europea ha garantizado a Sebastián Escarrer, consejero delegado de Sol-Meliá, el respaldo de la Unión Europea a la cadena española en caso de que Estados Unidos, amparados en la Ley Helms-Burton, imponga sanciones al grupo hotelero por sus inversiones en propiedades estadounidenses que fueron confiscadas en Cuba sin la correspondiente indemnización.

Mientras esto sucedía en Bruselas, otro periódico madrileño, Diario 16, durante tres días consecutivos publicaba abundantes fotografías y las sensacionales declaraciones del oficial «Otto», un ex agente de los servicios de inteligencia de Cuba, cuyo trabajo principal durante varios años ha sido el de espiar a los inversionistas españoles, grabarles sus conversaciones privadas y filmarlos en la intimidad de las habitaciones de los hoteles, incluido, precisamente, el señor Escarrer y otros altos ejecutivos de su empresa.

Naturalmente, como revelaba José Fernández, español radicado en Cuba durante muchos años, en un artículo publicado en ABC y en El Nuevo Herald, los empresarios españoles no siempre eran víctimas de los servicios cubanos: a veces otros españoles instalados en Cuba se convertían en informantes de la policía política cubana a cambio de algunas ventajas económicas o, como era frecuente, a consecuencia de chantajes a los que ellos mismos eran sometidos.

Como en el caso de Perú, donde los videos de Montesinos se han convertido en una muy lucrativa fuente de ingresos para los servicios de inteligencia --algunos se han vendido hasta en cien mil dólares--, parece que toda esa enorme masa de información comprometedora de que dispone la policía cubana estará a la venta en un futuro próximo. Videos, cintas de audio, informes: todo. Unas veces de carácter sexual --homo, hetero, pedofilia, camas redondas--, otras de clarísimos delitos económicos --lavado de dinero, estafas internacionales, etc.--, el material va siendo acumulado en manos «privadas» de agentes que sólo esperan a que muera el Comandante y comience la transición para vender su nauseabunda mercancía a quien quiera comprarla: revistas populares de España --en Interviú ya hubo una muestra reciente--, o a los propios protagonistas de estas historias.

Esto quiere decir que es probable que, cuando se produzcan los inevitables cambios en Cuba, los problemas que tendrán que afrontar muchos de los empresarios españoles y de otras nacionalidades radicados en la isla no serán solamente pleitos de carácter civil, sino serias acusaciones penales, contempladas en la legislación cubana actual y seguramente futura. Algo de lo que es conveniente que tome buena nota el gobierno español: una cosa es defender los intereses legítimos de empresarios que realizan transacciones ajustadas a Derecho, y otra muy distinta convertirse en valedores de personas que han cometido diversos delitos por los que en España también se va a la cárcel. Al mismo tiempo, es muy saludable que todos --gobierno y empresarios-- aprendan una lección fundamental de esta experiencia: no es posible establecer negocios normales y guiados por un razonable código ético en el seno de una dictadura totalitaria y en complicidad con su gobierno. Es verdad que algunos avispados pueden ganar cierta cantidad de dinero, pero siempre será a costa de emabarrarse las manos y colocarse a las puertas de la cárcel.