Cuando norteamericanos y europeos vinculados a la Organización Mundial de Comercio se sientan en la mesa de negociaciones, inevitablemente el ron sale a relucir. No para celebrar, naturalmente, sino para reñir: resulta que el extraordinario mercado «ronero» de Estados Unidos –unas treinta millones de cajas de 12 botellas cada una– está cerrado a la marca Havana Club, supuestamente perteneciente al conglomerado italiano Pernaud-Ricard, porque otro conglomerado multinacional, Bacardí, el mayor fabricante de bebidas "blancas" del mundo, desde hace años vende un ron con ese mismo nombre en el país de George W. Bush.
¿Estamos ante un simple conflicto de marcas y patentes de los que hay a millares y se solucionan en los tribunales? Sí y no. Bajo la superficie, el pleito tiene una endiablada carga política y moral. La legitimidad que alega Bacardí está fundada en el respeto a los derechos de propiedad. La prestigiosa firma ronera, creada en Santiago de Cuba hace siglo y medio por una familia catalana, compró en el exilio los derechos del nombre Havana Club a la familia Arrechabala, propietaria en Cuba de la marca y de una importante fábrica de ron antes de que Fidel Castro ocupara el poder y confiscara todas las propiedades sin que mediara ninguna suerte de compensación. Por su parte, Pernod-Ricard alega que su firma, de buena fe, adquirió del gobierno cubano los derechos del nombre y de distribución mundial del Havana Club, y Bacardí hoy impide que ella realice transacciones en Estados Unidos.
Si el pleito se dirimiera en los tribunales españoles Bacardí lo ganaría. Esto fue lo que sucedió con las marca de puros Partagás, fabricados en el exilio por la laboriosa familia Cifuentes. Cuba trató de exportar sus puros a España bajo la denominación Partagás, confeccionados en los talleres expropiados a los Cifuentes, los exiliados hispanocubanos, dirigidos por D. Leopoldo, acudieron a los tribunales de Madrid, y los magistrados les dieron la razón. Pero todavía hay otro precedente quizás de más peso: en 1999 el Tribunal Supremo de España ordenó la devolución de sus propiedades a una familia gallega que las había perdido como consecuencia de actos jurídicos ocurridos durante la Guerra Civil. Las propiedades habían sido confiscadas, y luego compradas y vendidas «bona fide» por personas que las inscribían en el Registro conforme a Derecho. Éstas alegaban la legitimidad de las transacciones conforme al derecho vigente cuando sucedieron los hechos, a lo que agregaban el principio de "usucapión", o abandono de las propiedades y extinción del plazo para reclamarlas. Los magistrados del Supremo, sin embargo, estimaron que la violencia inicial de la confiscación sin compensación, y la indefensión jurídica de los propietarios legítimos invalidaba todas las transacciones posteriores y suspendía el principio de usucapión.
En todo caso, al margen de los aspectos legales y económicos, en este caso el reñidero se extiende al campo político. El gobierno cubano, utilizando a Pernod-Ricard como escudo, está librando una batalla contra unos adversarios políticos e ideológicos que, aunque con discreción, no han dejado de combatir a la dictadura cubana durante cuarenta años: la familia Bacardí. En efecto, la inmensa familia, muy vinculada desde el siglo pasado a la lucha por la democracia, ha contribuido generosamente con diversos grupos enemigos del régimen comunista cubano, y ha ayudado a sostener a algunos activistas muy eficaces en la delicada tarea de mantener alerta e informada a la clase política norteamericana radicada en Washington.
Pero ahí no terminan las tensas y extrañas relaciones entre La Habana y la familia Bacardí: en la mayor de las paradojas, resulta que la mujer de Raúl Castro, el hermano menor de Fidel y su presunto sucesor, la poderosa Vilma Espín, eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, posee una considerable cantidad de acciones de Bacardí Internacional como consecuencia de la herencia que le dejara su padre, ex presidente de Bacardí en los años cuarenta. Y para cuidar esa fortuna –calculada hace veinte años en unos diez millones de dólares–, y otros bienes, Iván Espín, arquitecto y hermano de Vilma, marchó a vivir en el exterior, primero a Ecuador, y luego, aparentemente, a Londres. Conclusión final: los Castro no son sólo la primera familia comunista de la Isla. Son también la primera familia capitalista. Para entender eso nada mejor que sentarse a meditar con un trago de Bacardí en una mano y un puro Partagás en la otra.
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