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Columna publicada el 28-08-2001
El siglo pasado solíamos achacar nuestros males a dictadores corruptos que gobernaban a nuestros países como si fuesen sus fincas privadas, mientras nuestros intelectuales repetían como loros las excusas inventadas por la Cepal y por Fidel Castro sobre la injusticia de los términos de intercambio y el imperialismo económico.
Luego de un breve repunte a fines del siglo XX, ocasionado por el éxito de la política económica de los Chicago boys en Chile, algunas reformas en otros países, privatizaciones y frenos a la inflación, nuestro hemisferio se estremece de nuevo ante la crisis argentina, la sangrienta e interminable guerra colombiana, la admiración de Hugo Chávez por el comunismo castrista, el probable regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua tras el fracaso y la corrupción del gobierno de Arnoldo Alemán, además de las recurrentes crisis del Brasil, donde las autoridades rutinariamente le roban los ahorros al pueblo devaluando la moneda.
El mal latinoamericano no ha cambiado, sigue siendo el mismo: falta de libertad individual y la determinación de nuestros gobernantes y políticos en jugar un papel ubicuo y omnipotente sobre nuestras vidas, nuestras propiedades y nuestro futuro. ¿Qué ventaja tiene el venezolano que eligió a Chávez sobre su abuelo, quien a mediados de los años 50 vivía bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez? Entonces la gente podía caminar por las calles de Caracas sin exponer la vida y un sueldo de mil bolívares mensuales sostenía a una familia. Hoy, ganando 300 mil bolívares se pasa hambre y los ladrones andan sueltos dentro y fuera del gobierno.
Los latinoamericanos nos dejamos engañar con el canto de sirenas de que la democracia solucionaría todos nuestros problemas. La realidad ha sido muy diferente y ya es tiempo que nos demos cuenta que ni los gobiernos ni los políticos ni las agencias multilaterales nos van a sacar de la miseria. Eso sólo lo podemos hacer nosotros con esfuerzo propio. La verdadera diferencia entre la pobreza y el crecimiento no depende de las buenas intenciones de los gobernantes sino de la estructura institucional que rija en nuestros países.
Mientras nuestras constituciones socialistas nos ofrezcan innumerables derechos sociales como el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la atención médica, a la educación gratuita, a las vacaciones, a las pensiones de vejez, etc. pero el gobierno nos arrebata nuestros derechos naturales a la propiedad, a la igualdad ante la ley, a la seguridad jurídica, a dedicarnos al trabajo que libremente escojamos, a comprar y vender lo que más nos convenga, nuestro hemisferio seguirá hundido en la miseria.
Tenemos que darnos cuenta que la libertad política vale muy poco sin libertad económica. Cien elecciones y un millar de políticos bien o mal intencionados, honorables o ladrones, antipáticos o simpáticos, cultos o ignorantes no lograrán cambiar el oscuro panorama en América Latina promulgando leyes y disponiendo desde sus torres de marfil lo que puede o no hacer el ciudadano. Sin libertad individual, los gobernantes se podrán seguir reuniendo periódicamente en fastuosas cumbres, impresionando a los periodistas con sus discursos, imponiendo novedosas barreras a la globalización y al libre intercambio de bienes y servicios, pero así seguiremos hambrientos y cuesta abajo.
Los europeos se pueden, hasta cierto punto, dar el lujo del socialismo, de subsidiar a sus agricultores, nombrar a comisarios para que desde Bruselas le digan a la gente en qué y cuánto pueden trabajar. Lo pueden hacer porque durante siglos sus antepasados trabajaron duro, construyeron una infraestructura y ahorraron, acumulando los inmensos capitales que sus gobiernos tratan ahora de impedir que se fuguen hacia los paraísos fiscales. Pero a los latinoamericanos nuestros antepasados no nos dejaron ese cómodo colchón y cada vez que nuestros legisladores promulgan alguna nueva ley “social”, necesariamente surgen más niños desnudos y hambrientos. Más dañino aún que la excesiva emisión monetaria es la descomunal multiplicación de leyes y regulaciones, unido al aplastante peso de la burocracia. A una nación rica como la Argentina lograron hundirla.
La democracia es linda y nos llena de orgullo. Pero si nuestras constituciones, nuestras leyes y nuestros gobernantes no incentivan el esfuerzo y el trabajo de la gente, garantizando absoluta libertad bajo la ley y combatiendo el mercantilismo de empresarios locales que compran favores y privilegios políticos, no hay luz ni esperanza y lo que le queda a la gente es emigrar a países más libres, aunque ello implique dejar atrás a mucho de lo que más quieren, para comenzar de nuevo.
Carlos Ball es director de la agencia de prensa © AIPE y académico asociado del Cato Institute.

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