A los latinoamericanos no nos sorprenden los abusos de poder y la corrupción de los políticos y burócratas, pero a menudo pensamos que en Estados Unidos no suceden esas cosas. A ningún magistrado de la Corte Suprema en Washington, por ejemplo, se le ocurriría despenalizar el robo por hambre, como recientemente propuso el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Alejandro Angulo Fontiveros. Sin embargo, en este país también se nota un desmedido crecimiento del gobierno, aumenta la creencia oficial en que los fines siempre justifican los medios utilizados, crece el sentimiento de que los funcionarios y las regulaciones existen para protegernos de nosotros mismos (no fume, no beba, aliméntese “saludablemente”, amarre a su hijo en el asiento posterior del auto, si entra al aeropuerto con un cortaúñas es considerado terrorista).
A quienes les preocupa esa tendencia que poco a poco nos despoja de nuestra libertad individual y del uso que queramos darle a lo que es propiedad nuestra, les recomiendo la lectura del recién publicado libro Atracado por el gobierno ( Mugged by the State —Outrageous Government Assaults on Ordinary People and Their Property, Regnery Publishing) de Randall Fitzgerald, reportero de Selecciones del Reader’s Digest durante 30 años.
Fitzgerald comienza relatando la siguiente historia. Imagínese que está viajando por una carretera; sin que usted lo sepa, el auto que maneja y que compró de segunda mano, encaja con un perfil de traficantes de drogas que utiliza la policía del pueblo que en este momento atraviesa. Lo para un policía que alega que usted conducía a exceso de velocidad, pero que obviamente quiere revisar su auto. Usted no tiene nada que esconder y le da permiso. Llegan otros policías con un perro entrenado para detectar narcóticos. En la maleta de su auto, el perro se exalta oliendo algo. Los policías le informan que su auto queda detenido, pero que usted está en libertad de irse. Claro que usted quiere saber cómo puede recuperar su automóvil, pero le dicen que no puede hacer nada, salvo iniciar una muy costosa reclamación formal ante un tribunal. Su auto ahora le pertenece a la policía de ese pueblo y será rematado en una subasta para obtener dinero y poder contratar a más policías para que incauten a otros autos de la misma manera como robaron el suyo.
Las historias son verdaderamente escalofriantes. Para espiar a los propietarios de haciendas y asegurarse que cumplen las disposiciones ambientales sobre la protección de pantanos, se utilizan helicópteros del ejército, controlando así desde el aire el uso que los dueños hacen de sus tierras.
Grandes empresas informan a las autoridades municipales dónde les gustaría construir sus nuevas instalaciones y el ayuntamiento procede a cambiar zonificaciones y a confiscar las viviendas de gente pobre, por razones de “utilidad pública” porque los nuevos propietarios pagarán sumas considerablemente mayores en impuestos a la ciudad o al condado.
El Concejo Municipal de Riviera Beach, Florida, aprobó un proyecto en el año 2002 para expropiar 1.700 viviendas y 150 pequeños negocios para construir muelles y un centro para yates. Según el profesor Gideon Kanner, de la Escuela de Derecho Loyola, los urbanizadores deseosos de adquirir buenas propiedades hacen que sus amigos en el gobierno las declaren de utilidad pública. Tal práctica se usaba tradicionalmente sólo para construir carreteras y demás proyectos de obras públicas, pero ahora se instrumenta en beneficio de empresarios amigos y para aumentar las rentas municipales.
Fitzgerald hace excelentes recomendaciones al final del libro:
1) La presunción de culpabilidad hasta que se compruebe la inocencia en la confiscación de la propiedad privada por parte de organismos públicos es una perversidad del sistema y tiene que ser invertida.
2) Es inadmisible la expropiación de bienes privados para beneficio de otros intereses privados que gozan de mejores conexiones políticas.
3) Cada oficina reguladora del gobierno federal, estatal y municipal debe tener un “defensor del pueblo” con suficiente autoridad para intervenir en beneficio y protección de los afectados por arbitrariedades oficiales, protegiendo especialmente a los más débiles.