Cada vez que veo a Chip Mellor, presidente del Institute for Justice, le reitero mi admiración por la labor de su fundación, dedicada a defender los derechos individuales de ciudadanos acosados por aquellos con poder económico y político. Ojalá que algún día el IJ pueda tener una sucursal funcionando activamente en cada país de América Latina.
A cada rato oímos de abogados litigantes demandando a empresas en nombre de miles de supuestos damnificados. Si me enfermo es porque fumaba y no sabía que el cigarrillo hacía daño o porque la pintura de mi vivienda contenía plomo y si soy obeso es culpa de los vendedores de comida rápida. Millones de trabajadores son supuestas víctimas de cáncer pulmonar por haber estado expuestos a asbesto. El costo del seguro de los médicos se ha disparado por las demandas; los hospitales ordenan infinidad de exámenes innecesarios para cubrir sus espaldas y los médicos están dejando de atender las emergencias, los partos o a los ancianos porque no pueden pagar el seguro. Gran parte de esas demandas son fraudulentas y convierten en multimillonarios a los abogados demandantes, mientras los “damnificados” reciben unos pocos dólares. En consecuencia, la estima por la profesión ha caído al nivel de la más vieja de todas las profesiones.
Es, entonces, especialmente satisfactorio reportar la excelente labor de los abogados del IJ. Su razón de ser es la defensa de la igualdad ante la ley, que los individuos tengan el control sobre sus propios destinos. A diario representan en los tribunales a personas cuyos derechos de propiedad, libertad de expresión, derecho a ganarse la vida, libertad de seleccionar la mejor escuela para sus hijos y demás derechos civiles están amenazados por funcionarios, cabilderos, grupos de presión o empresas con poder político.
Fundado en 1991, al IJ lo conforma un equipo de abogados con el único propósito de defender los derechos de personas que confrontan abusos. Demandan judicialmente cuando funcionarios con excesivas regulaciones y licencias tratan de impedir que alguien trabaje, lo que a menudo sucede no para proteger al consumidor sino para proteger los intereses de quienes ya hacen ese trabajo y no quieren nueva competencia.
Debido a la proliferación de demandas, a un mayor número de ciudadanos se le dificulta y le cuesta demasiado defenderse de los abusos de autoridades locales que le impiden ganarse la vida o tratan de arrebatarle su humilde vivienda porque el municipio recibiría mayores ingresos en impuestos si allí se instala la sucursal de una gran cadena de supermercados o de tiendas.
Uno de los casos del IJ que más me impresionó fue cuando defendieron con éxito a varias personas que se pretendía desalojar de sus viviendas y pequeños negocios, bajo la excusa de “utilidad pública”, porque la agencia de casinos del estado de New Jersey pretendía tumbar los inmuebles para ampliar el estacionamiento de limosinas del Trump Plaza Hotel y Casino.
Otro caso notable lo ganó el IJ contra la Comisión de Barberías y Cosmetología del estado de California que pretendía impedir que unas muchachas negras cobraran por las trencillas tipo africano que hacían, sin ser licenciadas y tomar previamente un curso de estilistas de cabello, durante nueve meses y a un costo de 5.000 dólares. Un tribunal federal dictaminó la inconstitucionalidad de la ley estatal sobre cosmetología.
En Florida tenemos algunas de las peores escuelas públicas y en uno de los más importantes logros del IJ, en noviembre de 2000, la Corte de Apelación del Primer Distrito de Florida decidió por unanimidad que la constitución del estado no prohíbe el uso de dinero público en escuelas privadas. Así muchas familias que tenían a sus hijos en escuelas infames pudieron recibir cupones para inscribirlos en colegios privados. Milton Friedman fue quien inventó la idea de cupones educativos para permitir que niños recibiendo una mala educación pudieran ser transferidos a mejores escuelas, ya que la mayoría de los padres no pueden pagar dos veces por la educación de sus hijos: la primera vez a través de sus impuestos y la segunda para inscribirlos en colegios privados, donde los maestros son responsables ante ellos y no ante el sindicato. El más reciente informe de la Fundación Rose y Milton Friedman da las mejores calificaciones a los programas de cupones educativos de Florida y Arizona.
A los interesados en la estupenda labor de estas dos fundaciones privadas, les sugiero visitar sus sitios en la red: www.ij.org y www.friedmanfoundation.org
© AIPE
Carlos Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute