En estos días me enviaron uno de esos chistes “políticamente correctos”: un grupo de personas sale a un balcón para poder fumar al aire libre, pero son tantos que el balcón se desploma y entonces aparece un mensaje advirtiendo el peligro de fumar. Para mí, el verdadero mensaje es el daño que hace el gobierno prohibiendo a la gente que haga lo que le venga en gana, siempre y cuando con ello no afecte los derechos de los demás.
Yo no fumo, pero me molesta que quienes tratan de imponernos su voluntad, sin ninguna base científica, alegan que el humo de terceros es perjudicial y dándose golpes de pecho argumentan que los fumadores aumentan el costo estatal de proveer servicios médicos. No se dan cuenta que el verdadero problema surge cuando el gobierno le quita a Pedro lo suyo para ofrecerle servicios médicos gratuitos a Juan, el fumador, mientras que en un mundo racional Juan debe ser responsable por sus propias acciones y Pedro debe tener la opción de ayudar solamente a quién él quiera; lo demás es socialismo. Eso de hacer caridad con dinero ajeno es el gran fraude de la política contemporánea.
Cuando les conviene, la derecha conservadora apela en Estados Unidos a argumentos similares: la libre inmigración es inaceptable porque aumenta el costo del gobierno en sus programas de educación y de beneficencia pública, los cuales deben estar reservados para los ciudadanos y residentes legales.
El verdadero problema no es la inmigración ilegal de gente que aspira ganarse la vida honestamente, sino la creciente acumulación de supuestos derechos concedidos por políticos para lograr su reelección y que necesariamente tienen que ser financiados con los impuestos que todos pagamos. Esto se torna en tragedia cuando vemos la atroz ineficiencia y pésimos resultados en todo lo que el gobierno hace para impedir que funcione el mercado.
Dos verdaderos desastres contemporáneos son la medicina y la educación pública. Las políticas gubernamentales han hecho todo lo posible por convertir a nuestros respetados médicos en autómatas que supervisan líneas de ensamblaje, por donde pasan apuradamente los pacientes con quienes es peligroso hablar (por las demandas judiciales y las regulaciones impuestas), mientras que en el consultorio pululan muchas otras personas dedicadas exclusivamente a llenar la infinidad de formularios requeridos por la burocracia y los seguros médicos. La ineficiencia es obra de la multiplicidad de regulaciones y de la fatal arrogancia de políticos y funcionarios que creen saber lo que más le conviene a la gente.
La diferencia es que hace 25 años una consulta médica costaba unos 35 dólares y las medicinas recetadas unos 6 dólares contra unos 300 y 150 dólares, respectivamente, hoy en día. Y como la mayoría de esos pagos no salen del bolsillo del paciente sino de los seguros médicos de la empresa donde trabajan y de programas gubernamentales como Medicare y Medicaid, hoy hay largas colas en los consultorios, cuando antes iba al médico sólo quien requería la consulta y estaba dispuesto a pagar por ella.
Y los precios de las medicinas se han disparado a sumas astronómicas por el inmenso costo y los años de investigaciones y pruebas requeridos para lograr la aprobación gubernamental, lo cual ha reducido drásticamente la competencia, al desaparecer las empresas farmacéuticas pequeñas, a la vez que no toman en cuenta los muertos que no tuvieron acceso a tiempo a esos nuevos medicamentos. Por otra parte, el gobierno considera que la gente es suficientemente inteligente para elegirlo, pero no para comprar una medicina en la farmacia sin una previa visita al médico y receta en mano.
Tanto en la medicina como en la educación, la mayor intervención y el mayor gasto deterioran los resultados. Sin embargo, a diario le oímos decir a nuestros amigos: “pero es que el gobierno tiene que hacer algo”. Eso fue lo que aprendieron en la escuela y escuchan a diario en la televisión.