El filósofo George Santayana sostenía que “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. La historia reciente de Venezuela es una clara lección de cómo la tercera vía, la “economía mixta”, el socialismo y el estatismo destruyen la prosperidad y felicidad de un pueblo.
Durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en los años 50, la economía venezolana creció rápidamente, la inflación era inferior a la de Estados Unidos, el gobierno operaba sin déficit ni deuda externa –aunque las obras públicas realizadas fueron orgullo para los venezolanos de la época– y el bolívar mantuvo su valor. El mejor termómetro del éxito fue el enorme influjo de inmigrantes italianos, españoles, portugueses, centroeuropeos, colombianos, chilenos, etc. que fueron a Venezuela a trabajar, atraídos por el empuje de la libertad económica, bajo un gobierno de dudosa legitimidad.
No justifico que las autoridades venezolanas de la época hayan exiliado y encarcelado a varios comunistas y socialdemócratas enemigos del régimen, pero tampoco tengo ninguna duda que los muertos bajo las dictaduras venezolanas fueron muchos menos que bajo nuestras llamadas democracias.
La historia se ha escrito de manera diferente porque la mayoría de nuestros intelectuales a lo largo del siglo XX fueron de izquierda, incluyendo a los maestros, profesores y directores de los medios de comunicación. Así el pueblo venezolano “aprendió” que la democracia es buena por definición, sin necesidad de evaluar resultados y aunque suframos de regímenes corruptos, operando bajo constituciones socialistas que promueven el irrespeto a la propiedad privada, inseguridad jurídica, nacionalización de empresas extranjeras, sustitución de importaciones, redistribución de la riqueza y la alianza de empresarios mercantilistas con políticos para lograr protecciones y privilegios que empobrecen al pueblo.
Arruinada está Venezuela entera y nuestra democracia populista ha avanzado hasta nacionalizar los dólares –proceso iniciado por el socialcristiano Luis Herrera Campins hace 20 años– y la arbitraria detención del presidente de Fedecámaras, organismo cúpula del sector privado. Es decir, la “justicia social” iniciada por Rómulo Betancourt y aplaudida por el Departamento de Estado (organismo que fomentaba el aumento de los impuestos bajo su programa de Alianza para el Progreso) ha sido llevada a su culminación lógica.
El caso venezolano nos demuestra que libertad económica y libertad de expresión son mucho más importantes para la prosperidad y felicidad de los pueblos que la libertad política. Ejercemos nuestra libertad económica cuando a diario podemos adquirir libremente el mejor producto o servicio al precio más bajo, sin que el sindicato o el empresario con contactos políticos pueda obligarnos a comprar sus inferiores y más caros productos y servicios, debido al proteccionismo arancelario o los subsidios que reciben, provenientes de los impuestos que pagamos coercitivamente.
El gobierno de Chávez acaba de anunciar su decisión de aplazar por 10 años el ingreso de Venezuela al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) debido a las “asimetrías”. Es decir que a los venezolanos, por el hecho de ser pobres, se les va a condenar a comprar todo más caro. Ese es el doble discurso de la izquierda que no convence a venezolanos que fuimos prósperos y optimistas cuando –antes de la OPEP– el petróleo se vendía a un dólar el barril, lo explotaban multinacionales con inmensas inversiones en nuestro país, las cuales pagaban los mejores sueldos y entrenaron a varias generaciones de ingenieros y ejecutivos competentes.
Cuando vemos la destrucción chavista de la industria petrolera, los venezolanos debemos recordar que esa destrucción comenzó cuando el presidente Rómulo Betancourt anunció en 1962 que no se otorgarían más concesiones a las petroleras extranjeras y, luego, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera en 1976. ¿Hubiera podido Chávez destruir a la Exxon-Mobil, Shell y Chevron, si estas todavía operaran libremente en Venezuela? ¿Son acaso las “globalizadoras” decisiones de capitalistas extranjeros más dañinas al bienestar del pueblo que aquellas impuestas por gobernantes “democráticamente” electos? Yo creo que no. En 1958, el ingreso per cápita de los venezolanos era el quinto más alto del mundo; hoy nos acercamos a Cuba. Si usted lo duda, busque una fotografía de Caracas en 1958 y compárela con una de hoy, tras 45 años de populismo y socialismo.
Carlos Ball es director de la agencia © AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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