El secretario de Comercio, Donald Evans, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, propusieron ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, a fines de noviembre, el mejor proyecto hasta ahora considerado por un ente internacional para ayudar a los pobres de todo el mundo: la eliminación total de los aranceles a productos manufacturados en los próximos 13 años.
Los aranceles, cuotas de importación y demás barreras al libre comercio internacional suelen presentarse –por los interesados y por los ignorantes– como ayuda tanto a la industria nacional como a sus trabajadores. Recuerdo que hace 37 años, mi entonces jefe en el diario La Verdad de Caracas, Nico Zuloaga, describía el irracional costo de la protección a la industria automotriz venezolana, comprobando que saldría más barato becar a todos sus trabajadores a universidades en Estados Unidos. Gracias a esa política proteccionista, tener un automóvil sigue siendo un lujo para los venezolanos, mientras que cualquier inmigrante pobre que llega a Miami, a la vuelta de pocos meses logra comprar su auto.
Un estudio del Departamento del Tesoro determinó que las barreras a las importaciones cuestan al consumidor entre 8 y 10 veces el beneficio recibido por los fabricantes nacionales y sus empleados. Los aranceles cuestan a la economía 81 dólares por cada dólar “ahorrado” al impedir la importación. El caso de la industria textil, una de las más protegidas, es realmente alarmante: las medidas proteccionistas le cuestan al consumidor un dólar por cada centavo de beneficio que va a manos del obrero textil “protegido”.
Si algo no necesitamos en este país, ni en ningún otro, es decenas de miles de burócratas en las aduanas y demás agencias gubernamentales empecinados en reducir el nivel de vida del consumidor con la aplicación de cuotas de importación y aranceles.
Esta novedosa propuesta del gobierno de Estados Unidos ahorraría 1.600 dólares al año a cada familia de este país y se podría perfectamente instrumentar unilateralmente, diciéndoles a los gobiernos del resto del mundo: “si ustedes quieren seguir perjudicando a su propia gente con aranceles y cuotas de importación, háganlo, pero no se quejen si el nivel de vida en Estados Unidos sigue aumentando mientras ustedes continúan hundidos en la miseria”.
Se estima que los aranceles sobre productos manufacturados, en todo el mundo, suman 190.000 millones de dólares al año, dinero que sale del bolsillo de los consumidores. Los aranceles sobre productos agrícolas son unos 35.000 millones de dólares. Ese impuesto a los alimentos es aún más difícil de justificar y sólo se explica por el número de votos electorales que aporta el sector agrícola, especialmente en Europa occidental.
Los gobiernos europeos se dan golpes de pecho y se la pasan enviando comisiones al tercer mundo para buscar soluciones a la pobreza y a las enfermedades que frecuentemente son consecuencias de la miseria y falta de sanidad, pero al mismo tiempo Europa le cierra la puerta a las exportaciones agrícolas de esos países pobres.
Los países pobres no actúan más inteligentemente. Sus aranceles suelen ser aún más altos. Esa es una de las razones por las que siguen siendo pobres. En América Latina llevamos años negociando pactos entre los países centroamericanos, los países andinos y el moribundo Mercosur. Los únicos beneficiados hasta ahora han sido los burócratas que se dan la gran vida en sus frecuentes viajes y los grupos empresariales proteccionistas que compran la voluntad de los políticos, lo cual les sale mucho más barato que competir.
En Estados Unidos la situación es mejor, pero también insostenible. Los aranceles en 1790 cabían todos en una sola página clavada en cada aduana. Hoy existen 10.200 categorías arancelarias. Quizás por eso Evans y Zoellick proponen que se haga en 13 años. Chile lo hizo unilateralmente y de un plumazo. Sus beneficios crearon una prosperidad no vista en el resto de América Latina.
La eliminación de aranceles y cuotas haría más por los pobres del mundo que lo logrado en el último medio siglo por todos los programas de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y el BID.
Carlos Ball es director de la agencia © AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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