Chile es el país más próspero de América Latina. ¿Por qué? Por las reformas de libre mercado instrumentadas en los años 80, que fueron tan exitosas que inclusive el actual gobierno socialista no se ha atrevido a alterarlas demasiado. Dos reformas importantes fueron la reducción unilateral de los aranceles y la privatización del sistema de pensiones del Seguro Social. A primera vista parecen políticas sin conexión alguna, pero en realidad ambas se basaron en el convencimiento de que cada uno de nosotros –no los burócratas– sabe lo que más nos conviene.
En 1980, el gobierno chileno ofreció a la ciudadanía optar por cuentas privadas de ahorro o quedarse en el tradicional sistema gubernamental de pensiones. Excepto un pequeño grupo de trabajadores próximos a jubilarse, la gran mayoría optó por cuentas individuales, aportando 10% de sus salarios. Estas cuentas recibieron un bono inicial relacionado a las retenciones hechas hasta entonces. Los empleadores no hacen aportes bajo el sistema privado, pero los trabajadores pueden incrementar su cuota hasta en 10% adicional y esos ahorros aumentan, libre de impuestos, hasta su retiro.
Entonces, el Seguro Social dejó de admitir a nuevas generaciones de trabajadores y el mito del aporte de los patronos se esfumó con la evidente tendencia al aumento de los salarios en Chile. Antes, los patronos reducían los salarios en la misma cantidad del impuesto que pagaban sobre las nóminas de sueldos.
Hoy, el 95 por ciento de los trabajadores chilenos son dueños de sus cuentas particulares de retiro y empresas privadas –bajo estricta supervisión– administran esas cuentas y ofrecen seguros de invalidez, a la vez que planes médicos. El progresivo aumento de los salarios en Chile permite que los trabajadores adquieran seguros médicos, dependiendo cada día menos del gobierno para su retiro y su salud.
Según José Piñera, quien siendo ministro de Trabajo y Seguridad Social diseñó el programa de privatización, “para los chilenos, sus cuentas de retiro representan derechos de propiedad reales. Ciertamente, son esas cuentas, y no las arriesgadas promesas gubernamentales, la fuente primaria de seguridad para el retiro. El principal activo del trabajador chileno típico no es su auto usado o su vivienda, sino el capital en su cuenta de retiro”.
Mientras que la rentabilidad de las contribuciones de los trabajadores en Estados Unidos al Seguro Social es casi cero, la rentabilidad promedio de las cuentas privadas en Chile ha sido 10 por ciento por encima de la inflación y la acumulación de esos recursos equivale al 70 por ciento del PIB nacional. Así, los chilenos jubilados reciben entre 50 por ciento y 100 por cien más de lo que hubieran recibido bajo el plan gubernamental.
Si los trabajadores de los países que mantienen sistemas anticuados y estatizados de pensiones, ineficientes y frecuentemente corrompidos, se dieran cuenta que la diferencia entre el sistema gubernamental y el sistema privado es la diferencia entre pagar el impuesto retenido versus comprar bonos y acciones con su dinero, pudiendo así ver crecer sus ahorros, saldrían a la calle a protestar y a exigir la privatización.
La caída de las tasas de natalidad y el aumento en longevidad están acelerando la quiebra de los sistemas de pensiones gubernamentales porque cada día menos trabajadores activos pagan por las pensiones de los jubilados. Son inmensos elefantes blancos que avanzan irremediablemente hacia el precipicio.
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Carlos Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
