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Columna publicada el 12-09-2002
En 1958, William Lederer y Eugene Burdick publicaron su libro El americano feo, que vendió varios millones de ejemplares. El libro describía de manera genial y lapidaria la arrogancia e incompetencia americana en el sureste asiático y provocó que el presidente Eisenhower iniciara una investigación sobre la ayuda militar con la que se pretendía combatir el comunismo en esa región.
El reciente titular de primera plana sobre la amenaza del subsecretario de Estado Otto Reich de confiscar los bienes de latinoamericanos corruptos –políticos, empresarios y banqueros– me recuerda al americano feo. Las intenciones pueden ser las mejores, pero infames consecuencias no previstas provocarían bastante más daño que bien.
Parte importante de la responsabilidad del periodista es revelar la corrupción. Muchos periodistas latinoamericanos hemos sufrido persecuciones políticas porque las constituciones de nuestros países, lejos de garantizar la libertad de prensa, interpretan tal derecho fundamental como una graciosa concesión del gobernante de turno. De allí emerge la politización y manipulación de la noticia, la proliferación de agencias estatales de prensa, las imposiciones legales como la colegiatura obligatoria, las llamadas leyes de “información veraz”, el reparto de privilegios y de campañas publicitarias oficiales entre los medios “amigos” del régimen y tantos otros fraudes y abusos del poder.
Personalmente me gustaría ver que al ex presidente venezolano Jaime Lusinchi le expropiaran sus bienes en Estados Unidos. El Sr. Reich era embajador en Venezuela durante ese corrupto régimen, pero resulta que la justicia americana no tiene jurisdicción sobre delitos cometidos en otros países y el fin no justifica los medios.
Uno de los peores daños que ha hecho la guerra contra las drogas es proyectar la apariencia que Estados Unidos es el policía del mundo y que el objetivo de acabar con la adicción a las drogas –en lo cual poco o nada se ha avanzado en 30 años y con miles de millones de dólares– justifica ese tipo de actuación de los funcionarios norteamericanos.
Y veo en todo esto una grave falta de consistencia en la política exterior. Considero que EE UU actúo muy inteligentemente en defensa de sus intereses al rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional Penal. Comparto con quienes tomaron esa sabia decisión una profunda desconfianza por los funcionarios y burócratas que controlan los organismos supranacionales, en beneficio de sus propios objetivos ideológicos, los cuales raramente coinciden con los principios de libertad individual enunciados por los fundadores de la democracia norteamericana. Una vez derrotada la Unión Soviética, la principal amenaza a las libertades ciudadanas proviene de aquellos que quieren imponernos un gobierno mundial y la aplicación de leyes y normas generales. Eso significaría la congelación de todo adelanto, de toda prueba, de todo experimento en teoría política y económica. No hay nadie más terco ni retardatario que un burócrata internacional, quien además sufre la demencia de creer saber lo que a todo el mundo le conviene.
La otra medida anunciada por el subsecretario de Estado es la cancelación de visas y en esto mis dudas tienen que ver con la efectividad y buen criterio del servicio consular. Prácticamente todos los terroristas del 11 de septiembre vinieron con visas válidas. Ninguno era latinoamericano. Y esto parece diseñado para crearle nuevos enemigos a Estados Unidos entre gente del hemisferio que lleva décadas si no generaciones viajando con frecuencia a este país, mientras que el Departamento de Estado es notorio en dejarse llevar por las ONG izquierdistas en sus acusaciones de corrupción y violación de derechos humanos.
Indudablemente que EE UU puede influir positivamente en el desarrollo y bienestar de todo el hemisferio, pero la manera de hacerlo no es confiscando bienes ni cancelando visas. Por ejemplo, díganle al gobierno venezolano que es ilegal comerciar con petróleo producido y vendido por una empresa estatal que pertenece a un cartel internacional, como la OPEP, cuya razón de ser es perjudicar al consumidor norteamericano. ¿Hay algo más corrompido que la OPEP? Instrumentando ese tipo de políticas inteligentes e innovadoras, Washington bien puede difundir los principios fundamentales en que se basa el éxito norteamericano: respeto por la propiedad privada, libre comercio, igualdad ante la ley, gobiernos limitados, independencia del poder judicial, etc. Nada de eso tiene que ver con prolongados y complejos tratados. Tiene que ver con sentido común y verdadera fe en el sueño americano.
Carlos Ball es director de la agencia © AIPE y académico asociado del Cato Institute

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