Los venezolanos están concentrados en sacar a Chávez, pero hay que pensar cómo se reconstruye la nación y se evita la repetición de la larga cadena de errores que llevaron al poder a un personaje de esa calaña. Desde mediados de los años 60, cada presidente venezolano resultó peor que su antecesor, pero parece que por fin tocamos fondo: la catástrofe venezolana es de magnitudes bíblicas. En términos económicos, el país ha retrocedido medio siglo.
Chávez caerá más temprano que tarde. Sus peores enemigos son hoy los mismos que antes lo rodeaban. Su habilidad de hablar durante horas sin asomar una sola idea constructiva, honesta o inteligente queda relegada frente a su capacidad de fomentar el odio y desprecio de sus más allegados. Y aquellos que siguen a su lado están actualmente más preocupados en girar dólares a cuentas secretas en el exterior que en sostener al régimen.
Si paseamos la mirada por América Latina, la imagen es desoladora. Los brasileños se aprestan a elegir a Lula, mientras que en Argentina políticos corruptos e ignorantes desperdiciaron oportunidades de saltar al primer mundo y roban descaradamente los ahorros con corralitos y devaluaciones. En México vemos que el primer producto de exportación sigue siendo su gente: emigran a Estados Unidos y remiten 8.900 millones de dólares al año.
Como afirma Dalrymple, “los pobres cosechan lo que los intelectuales siembran”. El naufragio latinoamericano refleja el rotundo fracaso de las ideas difundidas por nuestros intelectuales. Desde la Revolución Rusa, los intelectuales latinoamericanos –con pocas y honorables excepciones– han predicado su fervor colectivista y enarbolado la bandera de la “justicia social”. Sustituimos a los dictadores militares por gobiernos democráticos, donde los grupos allegados al palacio presidencial –sindicatos, industriales, hacendados o profesionales– obtienen privilegios a costa del resto de la ciudadanía. Saltamos del oscurantismo del coronel que nos imponía su visión al actual desbarajuste “democrático”, donde en nombre del pueblo se apoderaron de nuestros países las mafias llamadas partidos políticos.
En el ámbito económico, muchos ingenuamente creímos que privatizando las empresas y servicios públicos avanzaríamos hacia el primer mundo, pero sufrimos más bien situaciones parecidas a la Rusia post-comunista, donde monopolios estatales se convirtieron en monopolios privados, beneficiando principalmente a la misma nomenklatura y apenas marginalmente al consumidor.
La lección que no hemos aprendido es que sin libertad económica, la libertad política significa muy poco. Nuestros políticos y la educación pública por ellos controlada han convencido al pueblo que la libertad económica sólo beneficia a los ricos. Todo lo contrario. Significa que aquellos ricos que amasaron sus fortunas a la sombra de sus socios políticos tendrán que competir con desconocidos, los ciudadanos de segunda hasta ahora aplastados por las regulaciones, coimas, permisos y licencias. El crecimiento geométrico de la economía informal en América Latina comprueba que el mayor impedimento al desarrollo son las burocracias y las leyes intervencionistas. Ni Estados Unidos ni Inglaterra hubieran podido desarrollarse bajo las constituciones y leyes que inmovilizan a América Latina.
El problema es que esas constituciones y leyes fueron promulgadas para concentrar el poder en los líderes políticos. Las constituciones venezolanas básicamente dictaminan que los ciudadanos tienen el derecho a ser felices y a comer completo; que esa felicidad es una graciosa dádiva de papá Estado. Con grandilocuencia y vaselina, los políticos nos retrocedieron a la Edad Media, salvo que ahora no pagamos sólo el diezmo, sino que todo fuera del aire que respiramos paga IVA.
Chávez meramente profundizó y agravó las infames políticas instrumentadas desde los años 60 y que ya antes habían fracasado con Betancourt y Gallegos en los años 40. Si los venezolanos no se dan cuenta de que el verdadero reto es establecer el imperio de la ley y la libertad económica, el sucesor de Chávez pronto retomará el camino al infierno. Prueba de ello es que el fugaz gobierno de Pedro Carmona fue abortado en pocas horas por los mismos generales que lo crearon, al constatar que había caído en manos de allegados al perverso ex presidente Rafael Caldera y a un grupito de pseudo-empresarios deseosos de enriquecerse con las riendas del poder.
Carlos Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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