La asignatura de Educación para la Ciudadanía ha provocado un debate inédito en la sociedad española. El terrorismo, el paro y la justicia son los grandes asuntos que siempre han preocupado a los españoles; el pésimo nivel educativo de nuestro país, sin embargo, apenas es reconocido como una de las grandes lacras que padecemos. Pues bien, debido a esta asignatura políticos, periodistas e intelectuales han llevado a los medios de comunicación la necesidad de una educación de calidad, elemento imprescindible para una nación que desea ser próspera y culta.

Lo significativo de esta nueva materia es que ha suscitado en la sociedad española una serie de preguntas que hasta ahora estaban excluidas del debate público. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones como el que papel debe jugar el Estado en la educación de los ciudadanos, es decir, los límites que ha de tener en su función educativa; cuál es el lugar de la familia en la educación de los hijos y de qué modo debe colaborar el Estado con ella; qué retos concretos tiene en este comienzo de siglo la escuela católica; o qué tipo de educación en valores ha de impartirse en la escuela y qué relación debe establecerse con las familias al respecto.

Preguntas necesarias, oportunas, imprescindibles. Con Educación para la Ciudadanía los padres –es decir, los ciudadanos anónimos, que escolarizan a sus hijos en todo tipo de centros– han empezado a darse cuenta de que son ellos y sólo ellos los primeros agentes educativos.

Por tanto, la sorprendente virtud de la nueva materia es haber provocado una reacción de la sociedad civil. La movilización social a favor de la objeción de conciencia es expresión de una preocupación muy real de muchas familias españolas por la educación de sus hijos. En concreto, una preocupación por el hecho de que el Estado quiera sustituirles en la formación moral.

Pero sería un error creer que la objeción de conciencia es una mera reacción negativa a la imposición estatal. El movimiento objetor, por su propia naturaleza, es propositivo: lucha por una educación de calidad, por una educación en valores, por el respeto a las creencias de todos. El movimiento objetor está dando un excelente ejemplo de ciudadanía, desconocido hasta ahora en nuestro país. Su fuerza, su ejemplo y su valentía ante el inmenso poder del Estado y de la mayoría de los medios de comunicación hacen de él un ejemplo de ciudadanía activa, democrática, responsable.

Si Educación para la Ciudadanía quiere imponer una moral de Estado, los padres quieren libertad para enseñar a sus hijos aquellos valores morales y religiosos en los que creen; si desea educar afectos, los padres exigen al Estado que no intervenga en un ámbito que no le compete, como es el de la intimidad; si no cree en la verdad, los padres dicen que ellos sí creen en ella y están dispuestos a enseñarla a sus hijos. Alegrémonos de que Educación para la Ciudadanía haya provocado esta respuesta de los padres en una sociedad tan anestesiada como la nuestra.

Los docentes tenemos la obligación de instruir y educar. La instrucción comporta contenidos objetivos, heredados de una tradición cultural que nos antecede. La educación, en cambio, quiere ser una invitación a que el alumno se desarrolle plenamente como persona. El desarrollo personal exige siempre una apertura y una práctica de ciertos valores que la escuela ha de inculcar.

Pero no nos equivoquemos: la educación en la escuela y, con ella, los valores que ella comunica deben ser conocidos y aprobados por los padres. Esta es la condición indispensable para que en nuestros centros, además de la enseñanza de contenidos objetivos, se enseñen valores. El que muchas familias se desinteresen de la educación de sus hijos no puede ser la excusa para que el Estado o el Partido deseen reemplazarla.

Por ello, la objeción de conciencia de los padres a Educación para la Ciudadanía es la mejor contribución para sanear una escuela estatalista y poco respetuosa con los derechos fundamentales.

Objetemos, pues.