La prohibición decretada por el juez Grande-Marlaska sobre el acto de Batasuna previsto para el próximo Domingo no me hace enmendar el título del artículo. Las Resoluciones Judiciales de suspensión e ilegalización decretadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han sido burladas permanentemente por el partido ilegalizado. Y si grave es lo anterior, más preocupante aún es que para su desafío hayan contado con la complicidad del Gobierno Vasco y los partidos nacionalistas.
Desde la primera suspensión dictada el veintiséis de agosto de 2002, hasta la actualidad, Batasuna, ETA en definitiva, ha seguido estando presente en la vida política vasca como si de un partido democrático al uso se tratara. Algunas cifras reflejan de manera evidente la anterior afirmación. En noventa y una ocasiones sus dirigentes han participado en debates y entrevistas de la radiotelevisión pública vasca y se cuentan por centenares las manifestaciones secundadas por sus simpatizantes y toleradas por el Departamento de Interior.
En la actual legislatura, que aún no ha cumplido un año, en veintinueve ocasiones han homenajeado impunemente a terroristas de ETA y en dos ocasiones diferentes han recaudado fondos públicamente a través de los medios de comunicación para pagar fianzas de personas imputadas por delitos de terrorismo, sin ir más lejos el viernes pasado se publicitaba en el diario Gara una cuenta de Caja Laboral para pagar las fianzas de Olano, Otegi y Petrikorena.
Ante esta burla de la ley, el lehendakari no ha tenido mejor ocurrencia que invitar a Otegi a sus rondas de contactos con los partidos políticos porque lo considera "interlocutor válido". Este último disparate ha sido solamente superado por Rodríguez Zapatero que, hace unos días en televisión, cantaba las virtudes de este individuo como "trabajador por la paz". Ver para creer.
Por tanto, aún siendo obvia la ilegalidad de Batasuna, es evidente también que quienes dirigen los gobiernos vasco y español han tomado la decisión de permitir y facilitar su actividad; bien sea en su versión auténtica, la de Otegi, en el caso vasco; o en la copia, la del PCTV, en el caso del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ante este estado de cosas, ¿qué papel nos cabe jugar a quienes seguimos creyendo en la Justicia y el Estado de Derecho? En mi opinión de manera clara y contundente debemos denunciar a quienes pretenden convertir España en un Estado de Derecho intermitente en el que sus ciudadanos están sometidos al imperio de la ley en función de la oportunidad política, a conveniencia del Gobierno de turno. Esto es un escándalo se mire como se mire por mucha declaración de "alto el fuego" que medie.
Desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo que se cumpla la Constitución, esa que dice que España es un Estado social y democrático de Derecho, que todos los españoles somos iguales ante la ley y aquella que afirma que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. Convendría que nadie olvidara precisamente en estos momentos, y menos aún quienes tienen responsabilidades de Gobierno, que son la ley y su respeto lo que diferencia a las sociedades civilizadas de la selva.
