No le falta ingenio a José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras, que advirtió que si el Gobierno pretende pasar en la reforma de las pensiones de un sistema de reparto a uno de capitalización individual se encontrará con la reacción en contra de “toda la sociedad española”.
Ahora resulta que los sindicatos representan a la sociedad toda; es un síntoma holístico habitual de la izquierda y es falso desde el principio, desde que los comunistas se autodenominaron “bolcheviques”, que quiere decir “mayoritario”, cosa que por supuesto no eran, y sólo lo fueron con la violencia más desatada y brutal. Así cualquiera. Y, desde entonces, no ha habido muchos cambios: los zapatistas dicen “representar” a diez millones de indígenas y nadie les pide que lo demuestren.
Por ejemplo, nadie le pide a Federico Durán, presidente del Consejo Económico y Social, que demuestre la utilidad de la burocracia que preside, ni la pertinencia de declarar, como hizo esta semana pasada, que si se imponen “nuevas reformas que supongan cambios sustanciales” en las pensiones o en la negociación colectiva sin el consenso de los agentes sociales, entonces sí estará justificado un paro general. Veamos, señores ¿no éramos todos democráticos? Si el Gobierno hace lo que tiene que hacer (tranquilos, no lo hará), y cumpliendo la ley consigue descentralizar la negociación colectiva y transformar las pensiones en un sistema de capitalización que le devuelva al pueblo lo que es suyo, ¿estará eso mal? A don Federico Durán le parece que sí, porque para él es más importante el “consenso” corporativo que las reformas sustanciales imprescindibles.
En fin, para organismos inútiles la Unesco, que impulsa ahora la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Por supuesto, esto nunca quiere decir que cada cual pueda hablar lo que quiera, sino que los políticos puedan obligar a hablar las lenguas que quieren “proteger”. La iniciativa ha recibido el aplauso de Danielle Mitterrand, autora de esa famosa frase: “Fidel Castro no es un dictador”.
No es un dictador el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sino un izquierdista ofuscado con su ideología hostil a la libertad. Dijo: “Hay que recaudar recursos porque las necesidades cada día son mayores”. Con este argumento no hay ningún límite conceptual a las incursiones del poder político sobre las libertades y bienes de sus súbditos. El señor Rodríguez Ibarra, sin duda sin quererlo, acaba de cargarse el Estado de Derecho.
Y, por fin, en esa cavernícola campaña lo ha secundado otro ingenioso, José Luis Rodríguez Zapatero; el joven líder del PSOE, el que anunció que iba a renovar el socialismo, el que aseguró que bajar los impuestos era de izquierdas, apoyó la iniciativa de Rodríguez Ibarra de aumentar los impuestos sobre la banca. Este fue el sagaz argumento que utilizó: “es bueno abrir nuevos espacios a figuras impositivas destinadas a una mayor inversión social”. ¡Ajá! O sea que si es para inversión “social” las autoridades pueden usurpar sin coto el dinero de los contribuyentes y lograr que no haya más inversión individual. Se apresuró el ingenioso Rodríguez Zapatero a avisar de que pronto nos contará su versión “nueva” del impuesto sobre la renta. Si es tan nueva como esto, cuide su cartera, señora.
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