Hay algo que no es necesario demostrar, y es que la Ley de Dependencia es exactamente eso: una ley que aumenta la dependencia de los ciudadanos con respecto al poder político.
El catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero escribe un ditirámbico artículo en El País sobre la Ley de Dependencia, que resume en: "una gran oportunidad para impulsar un gasto público que genera protección, justicia y empleo". La asimetría y la debilidad en el análisis son normas del pensamiento único, pero esto ya es ir demasiado lejos, porque el profesor no dedica ni una sola palabra a considerar la posibilidad de que el gasto público tenga quizá alguna consecuencia no plausible.
Por ejemplo, si dicho gasto genera protección, al no ser gratuito deberemos concluir que genera inevitablemente desprotección entre aquellos obligados a sufragarlo. Si genera justicia, una expresión en este caso equívoca donde las haya, podremos concluir que los recortes de la libertad que necesariamente lleva aparejados son sinónimo de justicia para el articulista, conclusión inquietante como mínimo. Y como mínimo es absurdo afirmar que el gasto público crea empleo: la misma lógica que aplica Rodríguez Cabrero lleva a concluir que cuando el Estado aumenta los impuestos o la deuda (impuestos futuros) para financiar el gasto público crea paro. Si el profesor está tan convencido de que en estas marchas y contramarcha el pueblo sale claramente beneficiado debería tener el detalle de intentar demostrarlo.
En cambio, hay algo que no es necesario demostrar, y es que la Ley de Dependencia es exactamente eso: una ley que aumenta la dependencia de los ciudadanos con respecto al poder político.
