Tanquetas del ejército y de la Guardia Nacional se han apostado en diversos puntos de Caracas después que el gobierno, unilateralmente, decidiera intervenir la Policía Metropolitana, una fuerza pública de unos 9.000 hombres que dependía hasta ahora de la Alcaldía de la ciudad. Las razones alegadas tienen que ver con la anarquía reinante en la capital, pero los motivos reales, como todos sabemos en Venezuela, son exclusivamente políticos: Chávez ha querido quitar a Alfredo Peña, el Alcalde Mayor, el control de un cuerpo que ha protegido las protestas y las imponentes manifestaciones de la oposición durante el último año, que se había convertido en el único garante de paz frente a los desmanes de los círculos armados que son alentados, precisamente, desde el ministerio del Interior. Para lograr este fin los chavistas promovieron un alzamiento de un grupo de los efectivos metropolitanos lo cual, por último, sirvió de excusa a la intervención.
Como no existe ningún instrumento legal que permita la intervención de la Metropolitana, la oposición –justamente– ha declarado que se trata de un verdadero golpe de estado, de una prepotente acción militar que niega la autonomía constitucional de los órganos municipales y que amenaza extenderse hacia otras alcaldías y gobernaciones que no siguen la línea oficialista. Ciudadanos pacíficos han salido a manifestar para impedir la ocupación de las comisarías mientras se suceden las protestas y las manifestaciones de repudio en todo el ámbito nacional. Al momento de escribir estas líneas la situación continúa siendo confusa, aunque resulta evidente, sin embargo, que el acto de intervención no es más que otro paso en la escalada de violencia que el gobierno de Hugo Chávez lleva a cabo para tratar de mantenerse en el poder.
Acosado por una oposición que crece día a día, y que posiblemente abarque ya a más del 75% de la ciudadanía, Chávez se debate a la vez en varios frentes de lucha –para decirlo en términos militares– en todos los cuales se encuentra en situación precaria. Las circunstancias y la presión internacional lo han obligado a designar delegados a una Mesa de Negociación y Acuerdos, presidida por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, en la que trata de perder tiempo para no enfrentar la salida electoral que todo el país le reclama. La protesta cívico-militar de la Plaza de Altamira se mantiene aún, después de casi un mes de manifestación ininterrumpida, mientras hay dos millones de firmas que le solicitan un referéndum consultivo para exigirle la renuncia y se cierne sobre su gobierno la amenaza de una huelga general indefinida que promueven empresarios, obreros, partidos de oposición y organizaciones cívicas.
Por todo esto el panorama es confuso, siempre cambiante, original en las formas de protesta, de lucha y de reacción, abierto a posibilidades infinitas. La solución más simple para la crisis, la del referéndum y la renuncia presidencial, es negada de plano por un Chávez que ansía perpetuarse en el poder, que no reconoce la democracia como forma de gobierno y trata de ganar tiempo mientras amenaza y utiliza la fuerza militar cuando le es posible. Si no se avanza por este camino, sin embargo, la oposición está decidida a promover el paro general, una forma de presión política y cívica que podría arrinconar definitivamente al gobierno.
Pero no es seguro que Venezuela pueda resolver la crisis que vive por estos medios tan civilizados. En algún momento las tropas en la calle podrían cometer graves desmanes, agrediendo a la población pacífica que se opone a su despliegue. No puede descartarse tampoco que, como en tantas ocasiones, esas mismas tropas den la espalda al gobierno que las envía y decidan actuar por su cuenta, imponiéndonos alguna forma de gobierno militar. El fantasma de la guerra civil, o al menos de enfrentamientos armados de considerable amplitud, se agita más allá de todas estas posibles alternativas. Lo único seguro, por ahora, es que la voluntad libertaria y democrática de la oposición no podrá ser amedrentada, pues se levanta sobre un movimiento cívico de una amplitud que no tiene paralelo en la historia del país.
Carlos Sabino es corresponsal de la agencia AIPE en Caracas.
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