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Carlos Sabino

Desmesurado gasto público

Los organismos internacionales y, a veces, hasta el propio Departamento de Estado norteamericano, suelen sostener la idea de que en América Latina hace falta aumentar el gasto público para que así los gobiernos puedan promover mayor igualdad social y enfrentar la extendida pobreza. Esta es la prédica que trata de aplicarse indiscriminadamente en Guatemala o en Colombia, en Brasil o en Nicaragua. Pero la experiencia histórica –lejana y reciente– muestra enseguida que tales recetas tienen profundas limitaciones cuando no son, simple y llanamente, del todo contraproducentes.

Venezuela resulta un caso perfecto para rebatir esa endeble tesis. Un país cuyo estado recibe directamente el enorme monto de los ingresos petroleros, Venezuela ha tenido, en ocasiones, el gasto social más alto de toda Latinoamérica. Sin la necesidad de exigir a su población impuestos demasiado elevados los gobiernos venezolanos han podido –gracias al petróleo– expandir su acción más allá de lo que en la región resultaba habitual.

Durante la primera mitad del siglo XX se fue desarrollando así una amplia inversión en educación, salud e infraestructura física que produjo, sin duda, bastantes resultados. Pero los efectos beneficiosos de estos gastos desaparecieron desde hace unos treinta años, produciendo resultados decepcionantes.

La pobreza, como resultado de una economía que no crece, ha vuelto a extenderse sin pausas. Como los ingresos petroleros son muy variables, los gobiernos, durante los años de precios bajos, se han encontrado con una estructura de gastos inflexibles que no podían satisfacer por medios normales. Constantes devaluaciones y una inflación que hoy es una de las más altas de la región han mermado aún más –desde 1983 en adelante– el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de las personas. El empleo público, que abarca alrededor del 15% de la fuerza de trabajo, ha sido un pesado lastre que en nada ha contribuido a mejorar la situación económica y social del país.

El sector público venezolano gasta ahora, todos los años, más de 30.000 millones de dólares. Esta es una inmensa suma, que supera el producto bruto de muchos países de la región, pero que no se traduce en una mejor calidad de vida para los habitantes: las escuelas y los hospitales de la nación están en ruinas, las carreteras siguen sin terminarse, no hay nuevas obras de infraestructura desde hace décadas y ni siquiera se ha podido restablecer la vialidad y los servicios básicos de amplias zonas afectadas por la tragedia de las inundaciones de 1999. Los mismos empleados públicos, en general muy mal pagados, se han convertido en un factor de inestabilidad con sus continuos paros y acciones en defensa de su nivel de ingresos, mientras además reclaman el pago de las deudas acumuladas durante años.

Los precios del petróleo han sido altos durante los últimos 20 meses y el gobierno de Hugo Chávez ha gastado a manos llenas. Ha tratado de cumplir con algunos compromisos heredados pero, básicamente, ha impulsado una política asistencialista costosa y demagógica. La incompetencia de los funcionarios, el desorden contable y la increíble politización de toda la administración pública han hecho que todo este gasto resulte improductivo. Nada ha mejorado en el país con la llamada "revolución bolivariana" que tenemos (a la que algunos, con ironía, llaman "robolución"). Ahora, con precios petroleros en descenso, el gobierno enfrenta los mismos problemas de otras administraciones anteriores: un creciente déficit, presiones sobre la moneda y una inflación que comienza otra vez a salirse de control.

El elevado gasto público, en vez de contribuir a mejorar la situación de los más pobres, ha favorecido como siempre a determinados grupos de interés y amenaza ahora con alterar –como ya lo ha hecho en Argentina– los propios equilibrios económicos básicos. Las ilusiones de que puede servir para mejorar la calidad de vida y reducir las distancias sociales se han mostrado, una vez más, como un peligroso mito que deberíamos desenmascarar y combatir.

Carlos Sabino es corresponsal de la agencia de prensa © AIPE.

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