Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia parecen encaminar a Venezuela hacia la salida pacífica y democrática que anhela la mayoría de la población. Los magistrados han decidido, por una parte, que la Asamblea Nacional es culpable de omisión por no haber escogido a tiempo –como lo manda la constitución– los regentes que deben integrar el Consejo Nacional Electoral y que ellos mismos tienen la potestad de hacerlo, en plazo perentorio, para evitar un vacío legal que imposibilitaría cualquier proceso eleccionario próximo.
El segundo fallo ratifica otro anterior que puntualizaba que las firmas para exigir un referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez pueden ser recogidas antes de que se produzca la mitad del término del presidente, con lo cual se abre paso a la validación de la solicitud que hicieron millones de ciudadanos el mes de febrero pasado. Ambas decisiones, por lo tanto, allanan el camino para que pueda producirse tal referéndum, pieza fundamental en cualquier solución política a la aguda crisis que vive Venezuela desde hace más de un año.
Las acciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, hasta ahora considerada generalmente como pro-chavista, han servido para desbaratar algunas de las muchas maniobras que los partidarios del gobierno están llevando a cabo para impedir la consulta: las designaciones en el organismo electoral, por ejemplo, estaban pendientes desde enero pasado, gracias a la obstrucción y el empecinamiento de los diputados favorables a Chávez, que trataban de ese modo de impedir el revocatorio. Lo más importante, en todo caso, es que estas nuevas sentencias acrecientan las posibilidades de que efectivamente se concrete, en pocos meses, la solución electoral prevista por la constitución y por la que desde hace tiempo clama todo el país.
En efecto, recientes encuestas muestran que más del 80% de la población desea el referéndum y que –en caso de realizarse ahora– votaría contra Chávez alrededor del 70% de la ciudadanía. Los venezolanos, que han marchado y manifestado ya en decenas de ocasiones pidiendo la salida del mandatario y que han realizado hasta un Paro Cívico de dos meses de duración, están dispuestos a luchar denodadamente para que acabe el gobierno de pesadilla que soportamos, y que –poco a poco– en parte por la situación económica en constante deterioro, va perdiendo los pocos apoyos que le restan.
No se trata de una tarea fácil, sin embargo. Chávez es un hombre con vocación totalitaria, el mejor amigo que tiene Fidel Castro y un aliado de la guerrilla colombiana. Nunca ha tenido el menor respeto por sus adversarios, por la convivencia democrática, por las instituciones liberales: no en vano intentó derrocar al gobierno legítimo en 1992, en un golpe de estado que dejó decenas de víctimas. Por eso ha tratado de demorar por todas las vías posibles el referéndum que podría poner fin a su mandato y –con seguridad– continuará tratando de impedirlo. No sólo cuenta, para sus fines, con los altos funcionarios que nombró en el momento en que se hallaba en la cima del poder, sino con bandas armadas capaces de amenazar y amedrentar a sus opositores y hasta con una guerrilla propia, el Frente Bolivariano de Liberación, que opera en los estados del occidente del país.
La situación, por todo lo anterior, luce entonces increíblemente complicada. Chávez se aproxima al momento en que tendrá que definir si acepta la legalidad democrática que de algún modo finge respetar o si tratará de dar un nuevo golpe de fuerza para mantenerse a la cabeza de lo que llama la Revolución Bolivariana. En el primer caso no hay dudas de que perderá la presidencia en el referéndum que tanto teme; en caso contrario el país se verá enfrentado a un período de violencia creciente que, sin embargo, no podrá concluir sino con su salida del poder.
Carlos Sabino es corresponsal de la agencia © AIPE en Caracas.
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