Después de un mes de Paro Cívico Nacional, sostenido a pesar de todas las amenazas a trabajadores, empresarios y a la coordinadora opositora, Venezuela se encuentra ya en una situación límite, original y peligrosa. El nuevo año comienza con un país prácticamente paralizado: las exportaciones de petróleo son virtualmente nulas –pues la estatal PDVSA genera ahora apenas 7% de su producción habitual–, hay inmensas colas para conseguir la poca gasolina que queda, escasean muchos alimentos y, entretanto, se suceden diariamente gigantescas manifestaciones de la oposición. El objetivo de esta larga huelga es simple y claro: forzar la salida de Chávez del poder o, al menos, procurar que haya alguna forma de solución electoral a la crisis.
Chávez, un caudillo izquierdista que en algún momento tuvo hasta el 80% de apoyo popular, se resiste a aceptar cualquier forma de consulta comicial: sabe que perdería abrumadoramente en las urnas y que eso resentiría definitivamente el poco ascendiente que aún puede tener. Por eso se aferra con desesperación al poder, ayudado por los recursos que éste siempre provee, por el 20% o 25% de la opinión pública que todavía lo respalda de algún modo, por unas vacilantes fuerzas armadas y por los medios de comunicación internacional que se empeñan en ver en él a un idealista utópico y no al tirano impotente que en realidad es. Pero la oposición sigue firme con una consistencia y una voluntad que nadie –fuera de Venezuela– es capaz de imaginar: millones de ciudadanos comunes están dispuestos a soportar toda clase de privaciones, a luchar pacífica e incansablemente, a defender su libertad por cualquier medio, incluso exponiendo su vida, para evitar que se imponga en el país una dictadura semejante a la que el sempiterno Fidel Castro mantiene en Cuba.
La solución electoral que se ha propuesto, y que cambiaría por completo el escenario presente, es la realización de un referéndum consultivo que podría realizarse en fecha tan cercana como el 2 de febrero próximo: en ese acto se preguntaría al electorado si está de acuerdo con la renuncia pacífica de Hugo Chávez. Según indican todas las encuestas, el presidente recibiría un rechazo abrumador que le haría perder el poco poder que le queda y lo mostraría huérfano del respaldo que dice tener. Pero, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral prosigue la organización de estas elecciones a toda marcha, el Gobierno continúa poniendo todos los obstáculos que puede para impedir su realización.
Estamos prácticamente a un mes de esa consulta y, en otras condiciones, pudiera afirmarse que una solución pacífica está ya al alcance de la mano. Pero los grupos radicales en los que se sustenta el presidente y los comandantes del ejército que le son ciegamente leales tienen otra agenda: tratan de provocar, de llevar el país a enfrentamientos violentos, de entorpecer la labor de la Mesa de Negociación y de Acuerdos que, con la facilitación del Secretario General de la OEA César Gaviria, trata de construir alguna forma de convivencia pacífica entre los sectores en pugna para alcanzar el veredicto de las urnas.
Lo que ocurra en las próximas semanas será, pues, decisivo para el futuro de Venezuela y afectará, en alguna medida, también al complejo panorama internacional actual. Si se logran contener las pasiones y se arriba al referéndum de febrero es posible que el Gobierno, finalmente, se vea obligado a ceder. Pero también es posible que se nos niegue la posibilidad de votar, o que se desconozcan los resultados, y, entonces, resultará muy difícil contener una lucha en la cual, empujados por una intransigencia gubernamental sin precedentes, tendremos que apelar a todos nuestros recursos para sobrevivir como una sociedad libre. Entretanto, los venezolanos deberemos seguir soportando las amenazas y la violencia creciente, las privaciones que provoca el paro y una economía que se derrumba ya ante nuestros ojos. Todos los sacrificios serán pocos, sin embargo, si logramos que el año 2003 nos permita dejar atrás la pesadilla que vivimos.
Carlos Sabino es corresponsal de la agencia © AIPE en Caracas.
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