La profunda crisis que vive Venezuela se prolonga, se complica y no da señal alguna de ceder. A medida que pasan las semanas se va haciendo cada vez más claro que nos encontramos en una situación de virtual empate entre el gobierno y la oposición, donde ninguna de las dos partes parece capaz de asestar un golpe definitivo a la contraria. Si, por un lado, al gobierno de Hugo Chávez le resulta cada vez más difícil imponer la dictadura que tiene como su más definido objetivo, la oposición, por otra parte, no encuentra la forma de sacar al violento caudillo del poder o, siquiera, de anticipar de algún modo el fin de su mandato. La pugna, por ahora, parece no tener salida, mientras el país se desangra en enfrentamientos constantes y se acentúan la parálisis económica y el empobrecimiento.
En enero de este año, en medio del Paro Cívico y de una demanda creciente de dólares, el gobierno impuso un control de cambios que, a medida que transcurren los meses, se ha convertido en una virtual cesación de cualquier tipo de venta de divisas: no hay cómo importar nada en la Venezuela de hoy y comienzan a escasear ya los alimentos y los repuestos, los medicamentos esenciales y los inventarios de los negocios. La medida, que se justificó en un principio con la excusa del paro petrolero -que hizo disminuir las reservas internacionales con velocidad- se convirtió enseguida en un arma política destinada a destruir la empresa venezolana: así lo han manifestado claramente Chávez y sus personeros, insistiendo en que no habrá dólares para los que él llama "los golpistas".
Pero, al tratar de doblegar de este modo a la oposición, el gobierno se ha encontrado con un resultado que tampoco lo favorece: las reservas han aumentado, sin duda, pero la economía ha disminuido su producto un 29% durante el primer trimestre del año, incrementando el desempleo abierto a más del 20%, extendiendo la miseria y la escasez, provocando un repunte de la inflación que puede rebasar este año el 40%. Estos espantosos resultados, más propios de un país en guerra que de una economía petrolera, continúan erosionando la pobre base de apoyo que tiene hoy el gobierno y que se va acercando ya a apenas un 20% de la población.
Tampoco en el ámbito político, verdadero núcleo del conflicto, la situación se presenta mucho mejor. El referéndum revocatorio del mandato de Chávez, que podría ser activado a la mitad de su mandato, el 19 de agosto, todavía parece más una lejana esperanza que una alternativa concreta de solución. No se ha podido nombrar todavía el Consejo Nacional Electoral, que tendría a su cargo realizarlo, porque el gobierno insiste en designar a sus partidarios pero no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo. El clima de enfrentamiento que vive el país impide que la Asamblea Nacional pueda ponerse de acuerdo en una fórmula de consenso mientras la población, que probablemente votaría en un 70% en contra de Chávez, va perdiendo la confianza en una solución pacífica y electoral a la crisis.
El gobierno, entretanto, continúa con su táctica de amedrentamiento: ahora son los periodistas y los 18.000 trabajadores petroleros, despedidos luego del paro, los que tienen que soportar los embates de los círculos violentos que crean un clima de profunda inestabilidad. Pero la oposición no se doblega y la gente no se acobarda, por lo que poco logra avanzar en sus fines los que quieren imponer en Venezuela una dictadura de tipo castrista.
No es probable que, en el corto plazo, Venezuela pueda concretar una salida electoral capaz de acabar con la pesadilla que viven sus ciudadanos. Las instituciones no funcionan, no existe un estado de derecho y tenemos un gobierno que sólo trata de postergar lo que, a largo plazo, resultará inevitable: algún tipo de elección que muestre, más allá de toda duda razonable, que el gobierno de Chávez no puede imponernos una revolución comunista que pocos quieren y muchos estamos dispuestos a impedir.
Carlos Sabino es corresponsal en Caracas de la agencia © AIPE.
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