Como era de esperar, tratándose de un país relativamente democrático, el escándalo político de las “vacas locas”, no podía permanecer eternamente oculto y negado por el Gobierno. Una comisión del Senado acaba de publicar un informe demoledor sobre la responsabilidad gubernamental en este tema, desde 1993 hasta ayer por la tarde. Durante esos años se sucedieron en el cargo cuatro Ministros de Agricultura, los cuales negaron todos la nocividad de las mortíferas harinas cárnicas en la alimentación del vacuno herbívoro.
Lo pintoresco del caso es que, en contra de la opinión de científicos, laboratorios y veterinarios, los ministros declararon uno tras otro que no se podía demostrar científicamente la nocividad de dichas harinas. Si todos fueron culpables, independientemente de su color político, el más culpable es el último, el actual, el pirata Jean Glavany, sencillamente por el hecho de que la epidemia crecía, que la evidencia de la nocividad de dichas harinas aumentaba al compás de la aceleración de casos de “vacas locas”. Pero Jean Glavany, no se inmuta, acusa a la comisión senatorial de perseguir sucios objetivos electoralistas, y miente de nuevo declarando que es el primer ministro europeo de Agricultura en haber prohibido las dichosas harinas.
Las primeras medidas serias se tomaron en Francia después de la intervención del Presidente Chirac, en noviembre de 2000. Y ya se habían tomado, por motivos obvios, en el Reino Unido. Subrayé “político”. También hubiera podido poner económico, porque evidentemente, si los ganaderos se resistieron y se resisten, a suprimir las harinas cárnicas en la alimentación de su vacuno, era, y es, porque estas tienen resultados casi milagrosos en la producción de leche, por ejemplo, y los tecnócratas de la Comisión europea, además, subvencionaban la leche. Desde luego, esta Comisión también ha actuado de manera escandalosa, privilegiando siempre el “becerro de oro”, a la salud de los consumidores.
En Le Figaro de este viernes, el ex Presidente de ELF, Loik Le Floch-Prigent, sobre quien pesa una condena de cinco años de cárcel – se conocerá el fallo del tribunal dentro de unos días–, concede una larga entrevista que debería servir de modelo a la escuela de periodismo de El País, y algunas más. Ignoraba todo, declara, sobre las comisiones ocultas, el dinero sucio, las mordidas à la francaise, de su empresa petrolera estatal. Se pasa de listo en su defensa a posteriori, porque o miente deshonrosamente, o es más bobo que el de Coria ¿cómo podía dirigir una empresa así, desconociendo los billones que circulaban de estraperlo? Además, implícitamente se contradice al afirmar que fue su amigo, el difunto presidente Mitterand, quien le ordenó mantener el “sistema ELF”, montado en tiempos de Gaulle, y con su beneplácito.
Todo el mundo sabe que dicho sistema no sólo era gasolina para los automóviles y chorros de dinero para las arcas estatales, sino también chorros de sangre en África. A ese sistema, cuando el gobierno es de derechas, se le califica de neo-colonial, cuando es de izquierdas de cooperación franco-africana. Es el mismo, claro.
Mientras tanto, en el Parlamento se comienza a votar los artículos de la ley sobre Córcega que conducirán a la catástrofe. Los oteguis corsos no la aceptarán, por ser demasiado moderada, y una mayoría de franceses tampoco, por ser demasiado laxista. No hay remedio, pero habrá pausa: nada decisivo se votará antes de las elecciones de 2002.
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