Tartarín de Tarascón

Existe una ley que impone un horario de trabajo igual para todos los trabajadores (las dichosas 35 horas), existe una ley que impone el salario mínimo, existe una ley que impone la fecha exacta de cada jubilación, existe una ley que impone la cuantía de las pensiones, existen varias leyes mediante las cuales Hacienda define las diversas categorías de contribuyentes e imponen los impuestos correspondientes –el IVA, los precios, las tarifas, los kilovatios, etc–, existen leyes que imponen las normas de la Seguridad Social –el seguro de enfermedad, el salario de las enfermeras, los honorarios de los médicos, el precio de los hospitales–, existen leyes para los contratos de trabajo, de "nuevo empleo", de "primer empleo" (en discusión), y se me olvidan ciento cincuenta leyes más. ¿No sobrarán algunas? ¡No! Sobran todas. Como guinda de este pastel burocrático, señalaré la más dura, la más "antisocial", y que, sin embargo, no provocó la menor protesta: imitando a varios países europeos, hace unos meses el Estado francés (como se decía en tiempos de Vichy), impuso nuevas normas para los subsidios de paro: a la primera negativa de aceptar un empleo propuesto por las agencias ANPE, el subsidio se reduce de 25%, a la segunda negativa de 50%, y a la tercera se anula el subsidio. Cuando se conoce la ineficacia de las ANPE, organismos meramente contables, se deducen catástrofes.

En el gigantesco batiburrillo suscitado por las manifestaciones en defensa del "modelo social francés", y subsidiariamente contra el CPE, se desarrolla un delirio anticapitalista que sería divertidísimo si no fuera suicida. Cuando una empresa quiebra, por los motivos que sean, mala gestión, fraudes, competencia mundial, todos exigen del estado que la salve, caiga quien caiga, y cualquiera que sea el coste. Pero cuando las empresas van bien, crecen y aumentan sus beneficios, y sus dirigentes, interesados en los beneficios, ganan fortunas, todos exigen del estado que castigue a esos malditos capitalistas que tienen la osadía de crear riqueza. El propio gobierno tampoco es muy consecuente en cuestiones económicas, un día impone despóticamente la fusión de Gaz de France y Suez, para evitar una OPA y en nombre del "patriotismo económico", y al día siguiente, respeta las reglas de la competencia, y acepta sin rechistar que la "gringa" Lucent absorba Alcatel.

Tía Mercedes me recuerda que ayer hubo manifestaciones. Es cierto, pues fue lo de siempre, y sólo se merece algún comentario. La huelga fue un fracaso, si el martes pasado hubo un 27% de huelguistas, ayer sólo fueron el 17%. La polémica sobre la cifra de manifestantes también es la misma: tres millones según los sindicatos, alrededor del millón, según la policía; y eso en toda Francia. Vale la pena notar, sin embargo, que si los sindicatos proclaman 700.000 manifestantes por las calles de París, la policía sólo 84.000, y contando con los policías que también desfilaban de paisano. La diferencia es muy significativa, como lo es la nueva táctica policial de infiltrar sus tropas, de paisano, en la manifestación para mejor detener a los casseurs violentos, que está dando buenos resultados. Lo que en cambio es de aquelarre, es constatar como todos los medios, incluyendo a Le Figaro (con moderación), defienden a los manifestantes, recogen sus cifras y consignas, y exigen del gobierno que se rinda sin condiciones. Un gobierno cada día más dividido. Se anuncian tormentas al noroeste, y el frío ha vuelto, dicho sea de paso. Hablo de temperatura y no de clima social.