El proceso de descomposición de todo tipo, pero sobre todo ideológico, en el que está inmerso el PP vivirá este martes un nuevo capítulo con el debate y la votación para su toma en consideración de una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario popular por la que se busca reformar la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero en un único y exclusivo punto; así, se aboga por el restablecimiento del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar, que la conocida como Ley Aído no contemplaba.
Con esta iniciativa, el PP –a cuarenta días de las elecciones municipales y autonómicas y a siete meses de las generales– pretende hacer un guiño a ese sector de su electorado que se siente engañado por el incumplimiento de lo que los populares llevaban en su programa electoral en las elecciones de noviembre de 2011. Un engaño que tuvo su expresión más gráfica en la retirada, el pasado mes de setiembre, del anteproyecto de ley elaborado, a petición de Rajoy, por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que fue aprobado por el Consejo de Ministros pero que nunca llegó al Congreso de los Diputados. Esta retirada provocó, en una decisión coherente de las que no abundan en la vida política, la dimisión del ministro, al considerarse desautorizado por quien le había hecho el encargo, es decir, el mismísimo presidente del Gobierno.
Si el PP limita su reforma de la ley del aborto al restablecimiento del consentimiento paterno para las menores de edad que quieran abortar estará en el fondo y en la forma sancionando dos cosas que figuran en la actual ley aprobada por el Gobierno de Zapatero: el aborto libre, al menos hasta la semana decimocuarta del embarazo, y la consideración del aborto como un derecho de la mujer, por mucho que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un ejemplo más de cómo un responsable político toma por tontos a los ciudadanos, se empeñe en decir estos días que ese derecho no figura por ninguna parte en la Ley Aído.
Dejando al margen otros aspectos mollares de la cuestión, que el Gobierno y el PP estén utilizando la cuestión del aborto no como algo ligado a la defensa de unos principios y de unos valores sino como pura mercancía electoral produce una gran repugnancia. En el PP saben que, efectivamente, hay un sector de su electorado muy enfadado con esta cuestión y que en las circunstancias actuales unos miles de votos que se pierdan por esta marcha atrás del Gobierno con respecto a lo que figuraba en su programa electoral les puede hacer perder cotas de poder. Por eso han decidido hacer un guiño a ese electorado; eso sí, lo mínimo posible, no sea que se pasen de frenada y molesten en exceso todos aquellos que dentro del PP son partidarios de no modificar ni mucho ni poco la actual ley del aborto, aprobada por el Gobierno de Zapatero.
Esta concepción mercantilista del voto en una cuestión tan importante, tan sensible y tan delicada es la expresión más clara del relativismo absoluto en el que desde hace tiempo se mueve la dirección del PP, con Rajoy al frente, y que, aunque ellos no lo quieran reconocer, es la causa principal de las últimas debacles electorales –europeas y andaluzas– y de las que están por llegar.
Un relativismo que incluso ha contagiado a aquellos diputados que en su día firmaron el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Aído y que, conocida públicamente su posición en contra del aborto y en defensa de la vida, sin embargo este martes adoptarán la postura acomodaticia, cobarde en el fondo, de votar a favor de la toma en consideración de esta insuficiente proposición de ley presentada por su grupo. Claro, las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y algunos de esos diputados no quieren enfrentarse a la dirección del partido: tienen que hacer méritos para seguir en las listas y a ser posible en puestos de salida, porque tal y como están las encuestas el escaño popular va a estar bastante caro.
La excepción a esta pauta de comportamiento la protagonizarán al menos tres diputados–José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez y Javier Puente–, que ya han anunciado que no votarán a favor de esta proposición de ley presentada por su grupo. Serán sancionados por ello; es decir, serán sancionados por pedir simplemente que se cumpla con lo que se prometió en el programa electoral. Sin embargo, cuando Celia Villalobos, no recuerdo si antes o después de ser pillada jugando al Candy Crush mientras presidía un Pleno del Congreso y hablaba Rajoy, dijo aquello de "Lo que no cabe en mi partido son personas que dicen no al aborto", ni fue sancionada ni nadie que pudiera hacerlo la desautorizó. Pero es que así es y así está el PP, y, como diría el otro, así se lo hemos contado.