Cuando, en noviembre del pasado año, Rajoy designó ministro del Interior a Juan Ignacio Zoido, muchos ciudadanos recibieron el nombramiento con esperanza y alivio, aunque sólo fuera porque de esa manera se ponía fin a la pésima etapa de Jorge Fernández Díaz. Una etapa marcada por hechos tan deleznables como la liberación del etarra torturador-secuestrador de Ortega Lara Josu Uribetxeberria Bolinaga y por episodios tan bochornosos como la grabación de las conversaciones que el propio Fernández Díaz mantuvo en su despacho con el jefe de la oficina antifraude de Cataluña.
Zoido llegó al Ministerio con la aureola de haber sido un buen alcalde de Sevilla. Políticamente se le alinea con el sector del Gobierno más identificado con Cospedal (enfrente estarían los ministros sorayistas). También es sabido que sus relaciones con el sempiterno Javier Arenas se han deteriorado en los últimos años.
Un ministro de Interior debe tener peso específico propio e interlocución directa con el presidente. Sus opiniones y actuaciones tienen que ser un referente para los suyos y, en la medida de lo posible, para el resto. Y entre los suyos deben ocupar un lugar muy destacado los más de 120.000 hombres y mujeres que integran la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que están bajo su mando y que constituyen el instrumento más eficaz que tiene el Estado para perseguir el delito, mantener el orden público y hacer que se cumpla la ley en todo el territorio nacional.
Al hilo de la situación creada en los últimos meses con motivo del desafío independentista en Cataluña, Zoido no ha brillado precisamente ni con sus palabras ni con sus hechos. La cosa empezó mal cuando desde el Ministerio que él dirige se desautorizó las despedidas que en diversos lugares de España se hicieron a finales de setiembre a los contingentes de policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre. Luego, el ministro tardó mucho en ir a visitar y dar su apoyo a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que fueron vergonzosamente acosados y expulsados de los hoteles en los que se hospedaban en algunas localidades catalanas.
Pero cuando Zoido estuvo más desafortunado fue la semana pasada, al valorar la actuación de los Mossos d'Esquadra, ahora bajo su mando, con motivo de la huelga del 8-N en Cataluña: "No era el día para caer en provocaciones", dijo el ministro, para añadir a continuación: "En términos generales, se puede entender que la actuación de los Mossos fue muy equilibrada y atendiendo, sin duda alguna, a la proporcionalidad que en cada caso necesitaban". Esto no lo puede decir un ministro del Interior sin sentir un punto de vergüenza y sin pensar en los miles y miles de ciudadanos que ese día se vieron privados de su derecho a circular libremente por las carreteras catalanas o a utilizar los ferrocarriles del Principado.
Tampoco estuvo muy acertado Zoido cuando, el mismo día en que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tenía que decidir si enviaba o no a la cárcel a la presidenta del Parlamento de Cataluña (y a otros miembros de la Mesa de dicha institución), dijo que el magistrado debía "valorar la ley" pero que "sin duda" también valoraría "el contexto y las circunstancias". ¿A qué suena eso? Pues a lo que algunos socialistas –Patxi López, Eguiguren– decían de Otegi cuando este estaba en la cárcel por el delito de intentar reconstruir Batasuna.
El excesivo afán de protagonismo informativo puede jugar malas pasadas a Zoido. Un ministro del Interior no debe hablar mucho, tiene que ser prudente y pensar muy bien lo que dice, porque sus palabras tienen una repercusión mucho mayor que las de la mayoría de sus compañeros de Gabinete.