Tiene sus bemoles o, como diría el actual embajador de España en Londres, manda huevos que el único parlamentario que se refirió a las víctimas del terrorismo en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación fuera el portavoz de Amaiur, Iñaki Urbina. Eso si, este individuo, siguiendo la ortodoxia del discurso del mundo de ETA del que forma parte, lo hizo en el contexto de comparar a las víctimas con los verdugos. Ni el presidente del Gobierno ni, por supuesto, el líder de la oposición, ni ningún otro portavoz, tuvieron a bien referirse en sus intervenciones a las víctimas del terrorismo. Sólo la portavoz de UPyD, Rosa Díez, hizo alusión a la gravedad del hecho de la vuelta de ETA a las instituciones vascas y a la legalización de Sortu.
Las víctimas del terrorismo corren el peligro de volver a ser, si no lo están siendo ya, doblemente víctimas, en este caso del olvido y del arrinconamiento por parte de los poderes públicos y, mucho me temo, de una sociedad que en los tiempos duros que se están viviendo por mor de la crisis económica prefiere no cargarse con más preocupaciones. Cuando llegó al Gobierno, en 2004, Zapatero tenía claro que quería negociar con ETA, y sabía que las víctimas podían ser un obstáculo. Para removerlo, aplicó una estrategia de división e incluso de control de las mismas, para lo que creó el Alto Comisionado para las Víctimas, donde colocó al difunto Peces Barba, que cumplió al pie de la letra la labor que le fue encomendada por su jefe.
Zapatero consiguió sólo en parte sus objetivos, y digo sólo en parte porque tanto la AVT, con Alcaraz al frente, como muchos ciudadanos y escasos medios de comunicación –esta Casa, la Cope de Federico Jiménez Losantos y Cesar Vidal y pocos más– protagonizaron lo que se conoció como "la rebelión cívica", que tuvo su expresión más plástica en nueve manifestaciones por las calles de Madrid, a cuál más multitudinaria, con el lema "En mi nombre, no", que dejaba bien claro el rotundo rechazo al proceso de negociación política con ETA que estaba llevando a cabo el entonces presidente del Gobierno. Las víctimas se convirtieron en esos años no sólo en un dique de contención de ese proceso negociador, sino sobre todo en un referente moral y cívico para la inmensa mayoría de los españoles. La rebelión cívica recordaba en muchos aspectos lo que sucedió en 1997, cuando a raíz del asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco nació lo que se conoció como el espíritu de Ermua.
Con la llegada del PP al Gobierno, en noviembre de 2011, era lógico pensar que si Rajoy volvía a la política antiterrorista que llevaron a cabo los Gobiernos de Aznar, de los que el formó parte, las víctimas volverían a ocupar el lugar que les correspondía por el enorme sacrifico que habían hecho. Se trataba de que el Gobierno del PP atendiera las justas reivindicaciones planteadas históricamente por las víctimas, y que ellas mismas sintetizaron en tres palabras: Memoria, Dignidad y Justicia.
Pasados catorce meses desde que el PP accedió al poder, las víctimas piensan, y con razón, que muy poco ha cambiado en la política antiterrorista. El ejecutivo de Rajoy no sólo impulsó políticamente la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el torturador/secuestrador de Ortega Lara, sino que antes no hizo nada para intentar evitar la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional, ni ha hecho nada después para instar a la ilegalización de las diferentes marcas de ETA, llámense EH-Bildu, Amaiur o Sortu. Este domingo hemos asistido al Congreso fundacional de esta nueva-vieja marca de ETA, que cuenta con batasunos históricos en su órgano de dirección –Rufino Etxeberria, Joseba Permach, Pernando Barrena– y que ha reservado su Secretaría General para el aún preso Arnaldo Otegi.
Las víctimas tienen motivos más que sobrados para estar inquietas, preocupadas, desfondadas. Están convencidas de que el Gobierno de Rajoy no hará nada para cambiar el actual estado de cosas. Intuyen que detrás de lo que algunos denominan los "nuevos tiempos", marcados por el anuncio de ETA de su alto el fuego definitivo, lo que se esconde es impunidad ante los crímenes de la banda terrorista todavía no esclarecidos, un intento de que el relato de lo que ha sucedido lo escriban los terroristas y su mundo y no los demócratas y, además, la equiparación de víctimas y verdugos. Es decir, un final donde no haya vencedores ni vencidos. La verdad, todo muy triste, sobre todo para quienes dieron su vida por defender nuestra libertad.