Si de algo sirvió la comparecencia parlamentaria de Rajoy del pasado jueves fue para constatar que, por diferentes motivos y en distinto grado, los dos partidos que hasta la fecha se han turnado en el Gobierno de la nación y sus dos líderes actuales están inmersos en una profunda crisis, de la que solamente saldrán si llevan a cabo una catarsis que de momento ni está ni se la espera.
La bancada –¡que término mas horroroso!– popular aplaudió hasta la extenuación la intervención de su líder. Es decir, aplaudió que Rajoy reconociera que había cometido un error al depositar su confianza en Bárcenas ascendiéndole de gerente a tesorero en el Congreso de Valencia de 2008; aplaudió que un presidente del Gobierno con mayoría absoluta dijera que no iba a dimitir ni a convocar elecciones porque se consideraba inocente y aplaudió que quien es presidente del PP desde octubre de 2004 afirmara que en su partido "ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito".
Qué poco dura la alegría en casa del pobre, porque no habían pasado ni cuarenta y ocho horas del debate cuando esos malvados de El Mundo publicaron una demoledora encuesta, realizada por Sigma Dos, en la que el 72% de los consultados se inclinaron por pensar que Rajoy no había dicho la verdad en el Parlamento y el 78% (incluido el 52% de los que se declararon votantes populares) creía que había una contabilidad B en el PP. Por si los anteriores datos no eran ya de por si desalentadores, había otro más: el 60% de los encuestados pensaba que Rajoy debía dimitir.
Y es que el principal problema de Rajoy y del PP con el caso Bárcenas se resume en tres palabras: falta de credibilidad. Para los populares, debe de ser muy duro constatar que, hoy por hoy, la opinión pública cree más lo que diga el extesorero del PP que las torpes y tardías explicaciones de los dirigentes del partido. La investigación judicial seguirá su curso –de hecho, la semana que viene desfilarán por la Audiencia Nacional María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas en su calidad de responsables, en diferentes etapas, de la Secretaría General del PP– y ya se verá a qué conclusiones puede llegar, pero en términos políticos el coste que todo esto está teniendo para los populares y para Rajoy es muy alto.
No debería ser un consuelo para los populares comprobar que a su principal adversario político las cosas no le van mucho mejor. El debate parlamentario puso en evidencia que Rubalcaba es un lastre para el PSOE. Que, por muy fácil que lo tuviera, por muy delicada que sea la situación de Rajoy, la figura política del actual líder de los socialistas se asocia a momentos muy sórdidos de los Gobiernos de Felipe González –GAL, Filesa, Roldán...– o a otros no menos sórdidos de la etapa Zapatero, como la negociación política con ETA y el chivatazo del bar Faisán, en los que su papel fue determinante.
Cuanto más tiempo tarden en el PSOE en cambiar al líder, mucho peor para ellos. Seguramente en el PP desean que esta situación se prolongue lo más posible. Incluso la simple sustitución de Rubalcaba por otra persona no garantiza a los socialistas la salida del fondo del pozo en el que se encuentran.
¿Y en el PP? Al margen de que Rajoy –como dejó claro en el debate de la pasada semana– no tenga ninguna intención de dimitir ni de adelantar las elecciones, ¿sería la solución a los males populares una persona como Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo entronque ideológico con lo que debería ser un proyecto de centroderecha en nuestro país es más que discutible?