Podía haber titulado esta columna "El fracaso del Estado", porque eso ha sido lo visto y vivido en Cataluña el domingo. Pero sin que el concretar ese fracaso en Rajoy suponga confundir la parte con el todo, quien mayor responsabilidad ha tenido en no haber evitado lo que ha pasado es, sin ningún género de duda, el presidente del Gobierno. No es el único culpable de quienes integran el equipo del Estado, pero si el principal.
Al igual que sucedió el 9-N de 2014, Rajoy había empeñado su palabra en que el 1-O no habría referéndum, ni urnas, ni papeletas ni colegios electorales abiertos. Técnicamente no ha habido un referéndum, pero en la práctica todo el mundo pudo ver –también Rajoy y Soraya, seguramente en el especial informativo que durante todo el día hizo La Sexta– colegios abiertos, urnas en las mesas, papeletas, gente votando. Al igual que el 9-N, Rajoy se empeñó en la noche del domingo en negar la realidad, algo que sólo sucede cuando uno ya no tiene argumentos a los que agarrarse. El 1-O hubo una importante movilización social en Cataluña, y a esos efectos da lo mismo que pudieran votar 200.000 personas o 2 millones. El hecho es que se votó, con todas las irregularidades que se quieran, y el Estado de Derecho, con el presidente del Gobierno a la cabeza, no fue capaz de impedirlo.
Rajoy podía y debía haber hecho muchas cosas antes del 1-O: desde aplicar el denostado por él, por su Gobierno y por su partido artículo 155 de la Constitución, hasta haber iniciado el proceso para destituir, inhabilitar y poner a disposición de la Justicia a los máximos responsables del golpe. Debió haber intervenido la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, pues estaba cantado no iba a colaborar para que se cumplieran los mandamientos judiciales. Pero nada de eso hizo Rajoy, acostumbrado a dejar pasar el tiempo, a no tomar decisiones que sean incómodas. En términos políticos, su fracaso ha sido absoluto y tendría que haberse ido a su casa –junto con la vicepresidenta y responsable de la patética operación Diálogo– el mismo domingo por la noche. Como era previsible, no sólo no lo hizo, sino que en su comparecencia negó la realidad que habían visto todos los españoles y, ¡cómo no!, volvió a hablar de diálogo. ¿Se imagina alguien a Adolfo Suárez ofrecer diálogo al golpista Antonio Tejero en la mañana del 24-F de 1981?
Ahora, con la declaración unilateral de independencia a la vuelta de la esquina, Rajoy no tendrá otro remedio, como siempre tarde, de aplicar el artículo 155 y suspender de facto la autonomía de Cataluña. Buscará para ello el apoyo del PSOE, el de Ciudadanos ya lo tiene, aunque en su redacción ese artículo deja meridianamente claro que la responsabilidad y la iniciativa le corresponde al Gobierno de España, que de momento sigue presidiendo Rajoy.
Aunque, dada la gravedad de la situación a la que se ha llegado, ya no existe una solución perfecta, el presidente del Gobierno podría hacer uso de su prerrogativa constitucional y adelantar las elecciones generales. En ese escenario, sería exigible a todos los partidos que se presentaran con unas propuestas claras sobre el modelo territorial de España que quieren, qué reforma constitucional pretenden, cómo afrontar el problema de los nacionalismos. De esas elecciones saldría un Gobierno con un mandato para afrontar el problema más grave que ha tenido España desde hace mucho tiempo, y que afecta directamente a la unidad de la Nación.
Y, si no es mucho pedir, en ese escenario electoral el PP se debería plantear si, a quien ha sido el máximo responsable, en el campo del Estado de Derecho, del fracaso de este domingo en Cataluña no sería mejor buscarle un retiro dorado en su Pontevedra natal o en su Santa Pola registral.