No hacía falta tener dotes de adivino para saber que lo que se está viendo ahora iba a suceder. Desde que Zapatero empezó a negociar políticamente con ETA, incluso antes de llegar a La Moncloa en 2004, hablando y negociando de todo con la banda terrorista en la mesa de Oslo y hablando y negociando de todo con Batasuna en la mesa de Loyola, el mundo que rodea a ETA –eso que algunos llaman "la izquierda abertzale"– fue consciente que el Estado había sido derrotado porque se había rendido.
Por si no fuera suficiente el inmenso daño producido por aquel proceso de negociación política, el Tribunal Constitucional, con Pascual Sala al frente, completó la faena que estaba prevista en el guión: primero, contraviniendo al Tribunal Supremo, permitió que las diferentes marcas de ETA se pudieran presentar tanto a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011 como a las autonómicas vascas de octubre de 2012, y después –también en contra de la opinión del Supremo– legalizó Sortu. El círculo ya estaba cerrado. Se había devuelto a ETA a las instituciones, de las que había sido expulsada en virtud de la Ley de Partidos, que impulsó en su momento el Gobierno de Aznar.
Ese mundo de ETA, que después del asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, sintió en su cogote el aliento de la aplicación implacable de la ley, de la actuación eficacísima de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de un cierto rechazo incluso en el seno de la propia sociedad vasca, de una persecución internacional, en la actualidad percibe que ese clima ha cambiado y que ahora vuelven a ser los de antes: los matones del barrio, una expresión que desgraciadamente se puede aplicar en toda su extensión y literalidad.
Sólo desde esa chulería matonesca se puede entender que el Ayuntamiento de Llodio, en manos de EH-Bildu, quisiera que el pregonero de las fiestas fuera el exalcalde Pablo Gorostiaga, actualmente en la cárcel por colaboración con banda armada. O que la comisión de festejos del Ayuntamiento de Bilbao proponga como txupinera de la Semana Grande a Miren Artola, que fue en las listas de Euskal Herritarrok. O que en el inicio de las fiestas de San Fermín desplegasen una inmensa ikurriña de un lado a otro de la Plaza del Ayuntamiento, tapando el balcón principal del consistorio y retrasando media hora el comienzo de las fiestas. Son sólo tres ejemplos –y habrá mas en lo que queda de verano– que demuestran que el mundo de ETA está muy crecidito.
Una vez que el mal de fondo ya está hecho, es muy difícil dar un giro a la situación, sobre todo porque no hay ninguna voluntad de hacerlo por parte del actual Gobierno del PP. Como mucho se van poniendo parches, y eso es lo que ha hecho el siempre firme y constante delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, con los recursos que ha presentado en los casos descritos de la txupinera de Bilbao y del pregonero de Llodio.
Cada día que pasa se va imponiendo en el seno de la sociedad vasca la idea de que se ha abierto un tiempo nuevo con el anuncio de ETA de octubre de 2011 de que no volvería a matar. Para muchos, lo único importante es eso, que no haya más asesinatos, que se pueda vivir en paz, dicen. Y para consolidar ese escenario piden que el Gobierno mueva ficha en la política penitenciaria. Eso fue el planteamiento que sin ningún género de duda le hizo el lehendakari Urkullu a Rajoy en la reunión, de nuevo oculta a lo medios de comunicación, que mantuvieron en La Moncloa a mediados de julio.
Por el contrario a nadie, o a muy pocos, les parece importar que el proyecto de ETA vaya avanzando en las Instituciones vascas alcanzando cotas de poder importantes; o que las víctimas del terrorismo hayan sido abandonadas a su suerte y puedan acabar, si no lo están ya, en el olvido; o que el relato de lo que ha sucedido en estos cincuenta años de terror de ETA lo cuenten y lo escriban los amigos y los cómplices de los terroristas.
Quien se atreva a denunciar o a reivindicar alguna actuación que no vaya en el sentido marcado por esa opinión instalada en la sociedad vasca será acusado inmediatamente de moverse con unos esquemas del pasado, de no estar en ese tiempo nuevo que se ha abierto con el cese definitivo de la violencia de ETA, aunque a día de hoy la banda ni se ha disuelto ni ha entregado las armas.
¿Se conoce alguna actuación del Gobierno de Rajoy –aparte de propiciar hace un año la puesta en libertad de Bolinaga– para evitar este estado de cosas? ¿Tiene el actual PP vasco algo que se pueda asemejar a un discurso político para hacer frente a la situación, o está ya plenamente confundido con el paisaje nacionalista? ¿Qué hace el PSE de Patxi López, aparte de estar pendiente de si su líder compite o no con Eduardo Madina por la sucesión de Rubalcaba?