Parece mentira la actitud que está manteniendo el tándem Rajoy-Sáenz de Santamaría, codirigido por Pedro Sánchez, en la respuesta que se supone debería dar el Gobierno de la Nación a la tomadura de pelo del tándem Puigdemont-Junqueras, codirigido por Artur Mas, que tira en una dirección, mientras la CUP lo hace en sentido contrario.
Es absolutamente patético ver a la responsable directa de la fracasada operación Diálogo reiterar la petición, suplicar a Puigdemont que rectifique de aquí al jueves y diga que no ha declarado la independencia de Cataluña. Ese patetismo está reflejado con toda su crudeza en la frase pronunciada por Sáenz de Santamaría en su comparecencia de este lunes en el Palacio de la Moncloa: "Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución", ha dicho la vicepresidenta de un Gobierno que se supone que lo que tiene que hacer es precisamente lo contrario: cumplir y hacer cumplir la ley, es decir, aplicar la Constitución en la extensión e intensidad que sean necesarias cuando alguien, como es el caso del presidente de la Generalitat de Cataluña y quienes le apoyan, la quiera dinamitar.
Han sido miembros del Gobierno de Rajoy y dirigentes del PP los que han hablado en las últimas semanas de "golpe de Estado"para referirse a lo que ha hecho el Gobierno de la Generalitat. Si eso es así, ¿a qué viene esta parsimonia para pararlo? ¿A santo de qué volver a emplazar a los golpistas a que depongan su actitud, cuando además saben de sobra que no van a hacerlo? ¿Por qué un nuevo plazo hasta el jueves? ¿Alguien se imagina al expresidente Suárez o al exvicepresidente Gutiérrez Mellando suplicando, implorando, pidiendo al teniente coronel Tejero en la tarde-noche del 23-F que retirara a los guardias civiles que habían entrado en el Congreso, o dándole un plazo para que lo hiciera?
Los ciudadanos españoles que han salido estos días a la calle, y específicamente los que lo hicieron de forma masiva en Barcelona el pasado día 8; los que de forma natural y espontánea han puesto la bandera de España en sus balcones no se merecen la actitud ramplona ni de este Gobierno ni del líder de la oposición, más empeñados en ver cómo no aplicar el famoso artículo 155 que en hacerlo. Estamos ante una clase política, unos gobernantes, de muy escasa calidad. Y eso, en momentos tan dramáticos y difíciles como los que se están viviendo, se nota mucho más.
Todo es y se reduce a un juego de trileros entre los actores de esta farsa. Por un lado, Puigdemont y quienes dentro de sus filas han sentido el vértigo al asomarse al abismo intentan presentarse ahora como los campeones del diálogo, después de haber llevado a la sociedad catalana y a sus instituciones a una situación límite, con las empresas saliendo a centenares de Cataluña.
Por otra parte, el Gobierno, su presidente y el líder del PSOE pactan, a instancias de este último, una reforma constitucional que para nada dará satisfacción a los nacionalistas y que, por el contrario, sumirá a la España constitucional del 78 en una grave crisis. Y eso lo hace Rajoy para poder aplicar el 155 –ya veremos con qué intensidad– con el apoyo de los socialistas.
Todo lo que está sucediendo en torno al desafío independentista en Cataluña es muy grave. Unos responsables políticos que llevan a sus ciudadanos al abismo y otros que en lugar de evitarlo a través de la aplicación de la ley se dedican a intentar reconvenir a los golpistas para que recapaciten y sean buenos y temerosos de Dios. Al menos habrá que subrayar como un dato positivo que para conseguir este último propósito el Gobierno no haya pedido al abad de Montserrat que mediara entre las partes.