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Menos sobre presos y más sobre víctimas

Asesinar sí podían hacerlo en Andalucía, Extremadura, Castilla o el Levante. Pero las penas tienen que cumplirlas en cárceles del País Vasco. Todo muy lógico.

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EFE

Hace tiempo que resulta irritante la excesiva atención, preocupación que muestran algunos partidos políticos, medios de comunicación, periodistas con los presos de ETA, que es inversamente proporcional a la que dedican a las víctimas de la banda terrorista.

No todo empezó, como sostienen algunos, el día en que ETA anunció su alto el fuego definitivo. Ni cuando el pasado mes de abril montó el numerito del desarme. Algunos llevan siendo muy comprensivos y condescendientes con los presos de ETA desde mucho antes, también cuando la banda terrorista mataba. Y no sólo estoy pensando en su mundo, eso que algunos han llamado izquierda abertzale.

La pasada semana se celebró en Madrid una mesa redonda que llevaba por título ¿Es el momento de acercar al País Vasco a los presos de ETA? Lo malo no es que se hable de este tema, planteado como si de un derecho de los presos se tratara. Lo malo es que representantes del PP y de Ciudadanos –Iñaki Oyarzabal y Miguel Gutiérrez, para precisos– accedieran a sentarse a debatir sobre esta cuestión con un representante de Bildu, una de las marcas que ETA ha utilizado para estar en las instituciones. ¿Qué pintan esos representantes del PP y de Ciudadanos en un acto de ese tipo? ¿Qué hay que debatir con quien todavía no ha condenado el enorme daño causado por ETA a lo largo de su macabra historia?

¿Se imagina alguien que en un país serio se celebrara un debate, pongo por caso, sobre el maltrato a las mujeres por parte de sus parejas y uno de los intervinientes fuera alguien que perteneciera a un partido o asociación que de alguna manera justificara o quitara importancia a ese maltrato? ¿Verdad que habría un acuerdo general en que lo que habría que hacer, como mínimo, es no ir a ese tipo de debates?

El acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas es un mantra que viene ya de muy antiguo. No hay ninguna ley, ninguna disposición legal que diga que los presos de una banda terrorista tengan que cumplir sus condenas cerca de su lugar de origen. Ninguna. Pero es igual, el mundo de ETA y casi siempre el PNV han hecho de esta cuestión una especie de bandera para demostrar que ellos sí que se preocupan de esos presos; que si lo son, conviene recordar, es por haber asesinado a personas o haber ayudado a hacerlo.

Dentro de unos días se va a cumplir el vigésimo aniversario de la liberación por la Guardia Civil del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara –sucedió el 1 de julio de 1997– y del asesinato, once días después, del joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua Miguel Ángel Blanco. Los que se preocupan tanto de los presos de ETA y defienden con tanto ardor su acercamiento a cárceles del País Vasco podrían detenerse aunque sólo fuera un minuto a pensar: ¿quién le devuelve a Ortega Lara los 532 días de falta de libertad que ETA le arrebató?, ¿quién devuelve su hijo a los padres de Miguel Ángel Blanco?; y al resto de víctimas de ETA, ¿quién les resarce? Hace ya tiempo Mikel Buesa sentenció:

Las víctimas renunciamos a la venganza porque confiamos en la justicia. Y si esta nos falla, ¿que nos queda?

Produce una enorme vergüenza tener que decir que las instituciones, los políticos, los medios de comunicación, por razones éticas, morales, de puro sentido común, tienen que prestar mucha más atención y desvelos a las víctimas que a sus verdugos. Porque, al paso que vamos, al final va a parecer que los presos de ETA son unos pobres pringados, eso sí equivocados, a los que no se les puede castigar con lo que algunos consideran una especie de pena añadida de cumplir su condena lejos de su domicilio.

Asesinar sí podían hacerlo en Andalucía, Extremadura, Castilla o el Levante. Pero las penas tienen que cumplirlas en cárceles del País Vasco. Todo muy lógico.

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